El Gobierno asegura que la regularización extraordinaria de migrantes no tendrá impacto presupuestario ni de personal

El Ejecutivo defiende ahora que la norma se ajusta al derecho de la UE, el PP la ve contraria y Bruselas señala que es "competencia nacional"

El Gobierno asegura que la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo trámite de urgencia aprobó este martes en el Consejo de Ministros tras el pacto de PSOE y Podemos, no tendrá impacto presupuestario ni en materia de personal. El Ejecutivo estima que unos 500.000 migrantes pueden beneficiarse de esta medida presentando solicitud.

Así lo pone de manifiesto en la memoria del análisis de impacto normativo de la propuesta de proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería para llevar a cabo este proceso de regularización. El texto, consultado por Europa Press, ha sido sometido a audiencia pública desde este miércoles 28 de enero hasta el 6 de febrero. Sin embargo, debido al trámite de urgencia, no será sometido a consulta pública.

"Este proyecto normativo no tiene impactos presupuestarios ni en materia de personal. No obstante, debido a la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales de estos trabajadores, podría tener un ligero impacto presupuestario positivo", destaca el Ministerio de Inlcusión Seguridad Social y Migraciones en la memoria. Del mismo modo, señala que no tiene impactos en materia de cargas administrativas.

En cualquier caso, subraya que sí será sometido a examen por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por razón de su "trascedencia económica".

Precisamente, la titular de este departamento y ministra portavoz, Elma Saiz, explicó este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el trámite para acceder a la regularización va a poder hacerse en oficinas de la seguridad social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y por vía telemática. No desveló, sin embargo, si el decreto iría acompañado de memoria económica.

Por su parte, sindicatos policiales, criticaron también este martes que se vaya a llevar a cabo la regularización "sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad". En este sentido, Jupol advirtió del "colapso" en Extranjería y de los "riesgos operativos de una regularización masiva sin refuerzo policial" en un comunicado en el que también mostró su "seria preocupación por el impacto operativo y funcional" de esta medida.

En la misma línea, la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidió este martes a las administraciones públicas que "habiliten los cauces adecuados y suficientes" para que la regularización extraordinaria de migrantes "pueda vehicularse de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas migrantes".

El texto ha sido propuesto, además del de Inclusión, por los ministerios de Interior, Exteriores, Política Territorial y Memoria Democrática, de los que se recabará informe.

Además, se prevé que sea informado por las comunidades autónomas y las oficinas de extranjería y se recabará informe del Foro para la Integración social de los inmigrantes, la Comisión Interministerial de Extranjería, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia. También se someterá a aprobación previa del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública y se va a solicitar Dictamen del Consejo de Estado.

Inclusión defiende igualmente que la norma se incluye dentro del ordenamiento jurídico actual en materia de extranjería, lo que permite que "vaya en línea y conforme al derecho de la Unión Europea". Sin embargo, los 'populares' ya han avanzado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, llevará a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra los días 30 y 31 de enero en Zagreb (Croacia) su rechazo a esta regulación extraordinaria que ven contraria al pacto europeo de inmigración, según indicaron este martes fuentes del partido.

De hecho, los socialistas han mantenido en el pasado que el marco jurídico europeo no permitía "una regularización generalizada". Así lo defendían en 2024 en el Congreso durante los debates de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada para llevar a cabo este procedimiento mediante tramitación parlamentaria. No obstante, los socialistas cambiaron poco después su postura para apoyar la admisión a trámite de la ILP, que sigue varada en la Cámara Baja, al defender que es necesario "seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración".

Ahora, la memoria de impacto normativo que acompaña a la propuesta de Real Decreto señala que la norma contribuye a otorgar seguridad jurídica a las personas extranjeras, fomentando su integración e inclusión en el mercado laboral y, al mismo tiempo, generando un "efecto positivo" en el desarrollo y crecimiento de la economía española.

Por su parte, la Comisión Europea señaló este mismo martes que no puede valorar la regularización extraordinaria porque, según ha dicho Bruselas, se trata de un asunto de "competencia nacional".

"Los debates y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países que se encuentran en situación de ilegalidad recae exclusivamente en la responsabilidad del Estado miembro", zanjó el portavoz comunitario, Markus Lammert, en declaraciones a Europa Press al ser cuestionado por la posición de Bruselas.

El portavoz comunitario confirmó que los servicios comunitarios están al tanto de las "discusiones" en España sobre este asunto, pero ha evitado tomar partido porque, ha defendido, la Comisión Europea "no tiene competencias sobre esta materia".

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO
Del mismo modo, Inclusión señala que el proyecto de Real Decreto se aprobará al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia en materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo. "El proyecto respeta los límites constitucionales y legales de la potestad reglamentaria y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico".

Paralelamente, tras el pacto con Podemos para la regularización extraordinaria, los 'morados' se han abierto a negociar un traspaso de competencias migratorias a Cataluña, una reivindicación histórica de Junts para la que el Gobierno debe recabar los apoyos parlamentarios necesarios.

MANO DE OBRA "JÓVEN Y DINÁMICA"
La memoria de impacto normativo argumenta que la incorporación al mercado laboral de extranjeros "puede ayudar a mitigar los efectos de una población envejecida y una tasa de natalidad en descenso, aportando mano de obra joven y dinámica, que es esencial para mantener el crecimiento económico". Por otra parte, recalca que estas personas "suelen ocupar puestos en sectores que enfrentan escasez de mano de obra, como por ejemplo, la agricultura, la construcción y los servicios, contribuyendo así a la sostenibilidad de estos sectores clave".

En cuanto al impacto de la norma proyectada en la infancia, la adolescencia y la familia, señala que es "positivo" porque aporta "seguridad jurídica a las personas extranjeras beneficiarias de la autorización, que hasta este momento se encontraban en situación de irregularidad o a la espera de su resolución de una solicitud de protección internacional". Además, indica que "mejora sus posibilidades de inclusión e integración, permitiendo su incorporación al mercado laboral y permitiendo el ejercicio de una serie de derechos".

El Gobierno no prevé realizar una evaluación 'ex post' del proceso de regularización extraordinaria de migrantes "no encontrándose incluida en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2026". Es decir, que no se ha programado un análisis posterior para medir los resultados y efectos reales de la norma una vez se aplique.