Funcionalmente estos trabajadores dependen de la Xunta de Galicia pero el estado tiene parte de la responsabilidad a la hora de regular aspectos como su salarios.
El Consello Galego dos Procuradores se ha ofrecido a actuar como mediador en el conflicto abierto con los funcionarios del cuerpo general y especial de Justicia, que han convocado una huelga a partir del 17 de abril.
"Por mucho que pasen los días, no va a variar", anuncia el vicepresidente, que defiende que la huelga "no es ningún pulso".
El comité de huelga destaca que están dispuestos a "sacrificar el cien por cien" de sus nóminas hasta el verano.
"Los aumentaron de forma totalmente injustificada", reprochan. La Xunta defiende que tuvo en cuenta jurisprudencia anterior.
La Xunta les ofrece a los funcionarios más permisos por maternidad y paternidad, pero no un acercamiento en los salarios.
Representantes de los funcionarios acusan a la Xunta de "empeorar su propuesta" y se encierran en un despacho de la Dirección Xeral de Xustiza.
Los sindicatos denuncian la medida en el juzgado porque entienden que va contra el derecho de huelga.