Este fenómeno ha afectado a cientos de miles de personas, principalmente extranjeras, que dependen de estos servicios para mantener su residencia, empleo y derechos básicos. Sindicatos como UGT han denunciado la situación, mientras la Policía Nacional ha desarticulado grupos criminales especializados en esta práctica
La empresa deberá pagar 457 euros a cada uno de los 18 trabajadores demandantes, detraídos por su participación en los paros.
La CGT defiende que las "necesidades estacionales" que argumenta la empresa son "falta de personal".