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Galicia, única autonomía donde las rentas empresariales ya superan a los salarios

Desde la reforma laboral, los salarios gallegos han caído de suponer casi el 47% de la riqueza del país hasta el 42%.   


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La desaparición de la clase media y los peligros socieconómicos que trae consigo conforman una realidad cada vez más presente en la sociedad gallega, siendo la desigualdad económica una problemática que no ha cesado en su crecimiento durante los últimos años. De acuerdo a los datos proporcionados por la UGT, la Reforma Laboral de 2012 ha supuesto el hundimiento de los salarios de los trabajadores gallegos, que han descendido de suponer un 46,9% del PIB en 2008 hasta un 42,4% en la actualidad. Mientras, las rentas empresariales han mejorado su posición, de un 45% hasta un 47,7%.


Obrerotrabajador


La última reforma laboral, de acuerdo a UGT un “arma arrojadiza para precarizar el mercado laboral y las condiciones de vida de los trabajadores”, se consolida como la principal responsable del incremento de esta desigualdad económica,. El año 2012,  cuando el PP aprueba la reforma, supone el gran punto de inflexión que marca el importante descenso en salarios, dejando el volumen de remuneración “en mínimos históricos”.


Si en 2008 el porcentaje del PIB correspondiente a salarios en Galicia era del 46,9%, baja en 2012 hasta el 45,4%, para descender en 2016 al 43,1 % y acabar en 2017 por el 42,4%. Por otro lado, fueron las ramas de la industria, la construcción y las actividades financieras y de seguros en las que se ha producido una mayor pérdida de remuneración, con un descenso en términos relativos del 29%.


Las rentas empresariales siguieron el mismo patrón, pero a la inversa,: mantuvieron en 2012 su correspondiente 45%, alcanzando en 2016 el 46,9% y en 2017 el 47,7%. Su constante crecimiento marca un desigual reparto del PIB, y por tanto, una problemática social enraizada en la Reforma Laboral de 2012.


Además, de todo el Estado español Galicia es la comunidad autónoma que peor parada sale de las consecuencias de la medida del PP. Si bien en el resto de España también se constata un empeoramiento de los salarios y una mejora de los beneficios empresariales, y en consecuencia una creciente desigualdad económica, la remuneración de los asalariados se mantiene por delante de las rentas empresariales. Un mal menor que no soluciona la brecha entre las rentas de trabajadores y empresarios, pero que demuestra la peor situación de Galicia en cuanto a distribución de riqueza.


DESTRUCCIÓN DE EMPLEO


No solo los salarios se han visto afectados en beneficio de las rentas empresariales; también el propio empleo se ha resentido a partir de la imposición de la Reforma Laboral, con cerca de “22.000 trabajos destruidos” en sus dos primeros años. 


En 2014, el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo tocó fondo, y a pesar de que la situación comienza a mejorar, aún faltan cerca de 190.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo para “recuperar el nivel de 2008”, de los cuales 158.000 corresponden a población asalariada.


PEOR CALIDAD DE VIDA


Es por esto por lo que, a pesar de que el PIB continúa creciendo, la mejora económica no se traduce en una mejora en la calidad de vida de las personas, puesto que alimenta una desigualdad cada vez más notable; materia en la que, además, España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea.


Los beneficios empresariales siguen en alza mientras que los salarios son cada vez más bajos, hasta el punto de resultar , según la UGT, “ineficiente”, al restar capacidad de crecimiento a la economía; “injusta”, por la evidente desigualad que supone al reducir el poder adquisitivo de una mayoría de gallegos y españoles; e “insostenible”, acarreando un más que probable conflicto social en torno a esta problemática.


Ante esta situación, UGT-Galicia exige la reversión de la Reforma Laboral, un aumento de los salarios que permita una mejora "en el poder de compra y en recuperar lo perdido desde 2008", así como un salario mínimo de convenio de 1.000 euros. Además, el sindicato busca un "reforzamiento de las prestaciones sociales" y la retirada de la reforma de las pensiones de 2013.

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