CC.OO. registra denuncias contra más de 80 cárnicas para resolver la situación de 12.000 "falsos autónomos"

Al expediente de Servicarne se unen los de TAIC, Auga, Work Man ACP, Clavial, Copergo, Turiaso y Aliagro

CC.OO. de Industria ha registrado una batería de denuncias que afectan a más de 80 empresas cárnicas de ámbito estatal, dentro de su plan de acción contra la precariedad y la explotación laboral y con el objetivo de resolver la situación de más de 12.000 "falsos autónomos".

En Galicia, el sindicato denuncia que hay 1.500 "falsos autónomos" en mataderos gallegos a través de la "fraudulenta" cooperativa catalana Servicarne.

"Si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa con rapidez, resolverá la situación de más de doce mil falsos autónomos y acabará con el 85% del fraude laboral que cometen a través de esta figura tan dañina", ha señalado el sindicato.

Así, a la que el sindicato presentó contra Servicarne se unen ahora las que pondrán el punto de mira en "otro puñado de falsas cooperativas" de trabajo como TAIC, Auga (con sede en Lugo), Work Man ACP, Clavial, Copergo, Turiaso y Aliagro.

MENOR TAMAÑO
"Con el objetivo de cerrar completamente el círculo vicioso de fraude y explotación laboral que se ha asentado en una parte del sector cárnico del Estado, el sindicato también ha denunciado a falsas cooperativas de menor tamaño que operan en un ámbito inferior al estatal", ha señalado CC.OO. de Industria.

En concreto, ha denunciado ante la Inspección la falta de actividad societaria de estas cooperativas, ya que, según señala, todas carecen de estructura empresarial y, por lo tanto, actúan como "parapeto legal para proporcionar mano de obra con condiciones inferiores a la legal y con la flexibilidad impuesta por las empresas cárnicas".

El sindicato también argumenta que se trata de "falsos autónomos" porque están ligados a las principales compañías o cárnicas, ya que son las que reúnen el requisito de ajenidad y dependencia que se establece para las personas asalariadas.

CC.OO. ha señalado que el fin no es conseguir que los casos denunciados acaben con sanciones o multas cuantiosas, sino que el empleo precario y fraudulento se legalice y se transforme en empleo estable, asalariado y con condiciones laborales equivalentes a las del resto de personas trabajadoras del sector.