Aplazada la vista contra el funcionario vigués que supuestamente 'enchufó' a la cuñada de Silva

(ATENCIÓN ABONADOS, ESTA INFORMACIÓN SUSTITUYE A TODOS LOS EFECTOS LA EMITIDA ANTERIORMENTE SOBRE EL MISMO TEMA, AL HABER SIDO APLAZADO EL JUICIO)

Aplazada la vista contra el funcionario vigués que supuestamente 'enchufó' a la cuñada de Silva

La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el empleado público y siete para el gerente de una empresa concesionaria

La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha aplazado el juicio previsto para los días 15 y 16 de mayo contra el funcionario del Ayuntamiento de Vigo, F.J.G.O., y el gerente de la empresa Imesapi, R.C.A., al confirmarse que no podrá presentarse uno de los abogados personados.

En concreto, este letrado tiene una citación para comparecer en un juzgado situado en otro punto de la geografía española, por lo que la Audiencia Provincial ha acordado aplazar la vista oral y volver a señalarla "siguiendo el orden correspondiente de la agenda judicial".

Los dos varones son acusados por la Fiscalía por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Así, el Ministerio público considera que este funcionario, jefe del departamento de Participación Ciudadana, "ideó un plan" para dar trabajo a V.F.B., "mujer muy afín a un miembro del gobierno local".

Sostiene, de esta forma, que F.J.G.O. requirió a Imesapi para que emplease a esta persona, a pesar de que esta empresa (concesionaria de los servicios de atención y conserjería en los centros cívicos municipales) no necesitaba más personal.

Para que Imesapi pagase el salario a esta persona, "ambos acusados idearon un plan" por el que la empresa facturaba al Ayuntamiento diversas cantidades a través del "uso fraudulento" del procedimiento de contratos menores, para la realización de unas encuestas de calidad. Según la Fiscalía, esas encuestas fueron realizadas, aunque no por la empresa, pese a lo cual, Imesapi elaboró las facturas de forma "mendaz" y las cobró.

Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia del colectivo Xuntos por Galicia y, aunque llegaron a estar investigadas varias personas (entre ellas la cuñada de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva), finalmente serán juzgados un funcionario y el gerente de la empresa en la que, supuestamente, fue 'enchufada' la familiar de Silva.

PENAS
La acusación pública considera, por estos hechos, que F.J.G.O. incurrió en los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil. Por el primero de ellos, pide que sea condenado a 10 años de inhabilitación; por el segundo, reclama una pena de 5 años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta; y por la falsedad documental, pide la condena de tres años de prisión y multa de 10.800 euros.

Además, entiende que R.C.A., es cooperador necesario en los delitos de malversación y falsedad, y pide que sea condenado a 4 años de prisión e inhabilitación absoluta durante 20 años por el delito de malversación; y tres años de prisión y 10.800 euros de multa por el delito de falsedad documental. También reclama que ambos acusados indemnicen al Ayuntamiento en 108.147,22 euros, por el coste de las encuestas facturadas.

INSTRUCCIÓN Y ARCHIVO
Durante la instrucción de esta causa, fueron investigados tanto los dos acusados como la propia V.F.B.; el concejal de Participación Ciudadana, Santos Héctor Rodríguez; los interventores municipales L.G.A. y J.R.G.C.; y un apoderado de Imesapi, J.A.M.B.

El juzgado decretó el archivo de esta causa, primero con respecto a los interventores y, posteriormente, con respecto a la cuñada de Silva, al concejal y al apoderado de la concesionaria.

En referencia al edil de Participación Ciudadana, la magistrada señaló que no resultaba acreditado que tuviera conocimiento de los hechos supuestamente delictivos. Del mismo modo, decretó el sobreseimiento con respecto al apoderado de Imesapi, porque éste no tenía poder de decisión sobre las contrataciones de personal en la empresa.

En cuanto a la cuñada de Carmela Silva, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo decretó el archivo de la causa por la prescripción del supuesto delito por el que era investigada (tráfico de influencias). No obstante, en su auto, la jueza indicaba que "resulta indiciariamente acreditado" que V.F.B. pidió empleo a F.J.G.O. "prevaliéndose de su relación de parentesco" con la concejal Silva.