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Denunciado un vecino de Cangas (Pontevedra) por la captura y tenencia ilegal de un zorro vivo en cautividad

La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Cangas (Pontevedra) ha denunciado a un vecino del mismo municipio por una supuesta infracción grave a la ley de caza por tener un animal silvestre en cautividad en relación a la captura y tenencia ilegal de un zorro vivo en cautividad.

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Denunciado un vecino de Cangas por capturar y tenencia ilegal d un zorro vivo.

La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Cangas (Pontevedra) ha denunciado a un vecino del mismo municipio por una supuesta infracción grave a la ley de caza por tener un animal silvestre en cautividad en relación a la captura y tenencia ilegal de un zorro vivo en cautividad.

Según ha informado el Instituto Armado, se trata de un zorro vivo que, después de varias gestiones indagatorias, fue localizado en una vivienda situada en una parroquia del término municipal de Cangas.

El propietario del inmueble relató que el animal lo había capturado meses antes en el interior del gallinero anexo a su casa y alegó que lo tenía retenido para utilizarlo como parte del entrenamiento de sus perros de caza, "sin ningún tipo de autorización administrativa", concreta la Benemérita.

Ante estas circunstancias, el Seprona procedió a la incautación del animal, "un espécimen hembra de zorro que tenía en su cuello una correa y estaba sujeto por una cadena metálica que utilizaba su poseedor para evitar que se escapase", apunta la Benemérita.

Una vez recuperado el animal, el Seprona lo trasladó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotorredondo, para que valorasen su estado y posible readaptación a su medio natural.

La actuación de la Guardia Civil concluyó con la denuncia a este vecino de Cangas como presunto autor de "una infracción grave" tipificada en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en concordancia con la vigente Ley de Caza de Galicia.

La denuncia formulada ha sido remitida a la Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta en Pontevedra, órgano competente para incoar el correspondiente expediente sancionador, del que puede derivar una sanción económica desde 601 a 6.000 euros.

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