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La Xunta lanza medidas para bajar la espera en la valoración de discapacidad a los 3 meses que fija la ley

El Gobierno gallego impulsará una batería de medidas con el fin de "agilizar" y "corregir los retrasos" de los procesos de valoración de discapacidad, con el objetivo de poder reducir la lista de espera y, en breve, lograr el objetivo de que la respuesta pueda formalizarse en un máximo de tres meses desde que se produce la solicitud de evaluación por parte del ciudadano, el plazo que fija la ley.

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El Gobierno gallego impulsará una batería de medidas con el fin de "agilizar" y "corregir los retrasos" de los procesos de valoración de discapacidad, con el objetivo de poder reducir la lista de espera y, en breve, lograr el objetivo de que la respuesta pueda formalizarse en un máximo de tres meses desde que se produce la solicitud de evaluación por parte del ciudadano, el plazo que fija la ley.

Para ello, la Xunta lanza varias medidas: incidirá en el "refuerzo" de equipos de evaluación, simplificará las solicitudes, reducirá la documentación a aportar y mejorará la gestión de las citas. Pero también se apoyará "con mayor intensidad" en la historia social única y el reconocimiento de una invalidez será "automático" una vez que la Seguridad Social haya constatado que existe una incapacidad permanente.

El paquete de iniciativas estará "plenamente operativo" a partir de junio y el objetivo es cumplir los plazos que fija la ley. Y es que, en la actualidad, el Gobierno gallego admite que tiene "un problema". En términos "de media", la espera en la respuesta a las solicitudes "está por debajo de un año", pero en Vigo y Pontevedra se supera este periodo.

De las medidas y el objetivo global ha dado cuentan el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha estado acompañado en su comparecencia por el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, tras una reunión del Consello de la Xunta con un marcado componente social y laboral.

No en vano, Feijóo también ha anunciado la convocatoria de ayudas para empresas gallegas que "refuercen" su responsabilidad social, fomenten la conciliación y teletrabajo. El Gobierno gallego calcula que unas 340 firmas podrían verse beneficiadas de esta decisión.

(Habrá ampliación)

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