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Intervenida en Ribadumia (Pontevedra) de una partida de mil litros de bebidas alcohólicas sin precintas fiscales

La Guardia Civil se incautó de una partida de 200 litros de aguardiente y 800 de vino de fabricación artesanal, que se estaba comercializando de forma fraudulenta en Ribadumia (Pontevedra), sin ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales.

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Intervenidos mil litros de bebidas alcohólicas sin etiquetas en Ribadumia.

La Guardia Civil se incautó de una partida de 200 litros de aguardiente y 800 de vino de fabricación artesanal, que se estaba comercializando de forma fraudulenta en Ribadumia (Pontevedra), sin ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales.

Según ha informado el Instituto Armado, la actuación, llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa, ha sido como consecuencia de una inspección rutinaria que realizaron en un bar en el municipio de Ribadumia, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal de la mercancía que estaba dispuesta para la venta.

En el transcurso de la inspección, la Guardia Civil localizó en el almacén del establecimiento seis garrafones de una capacidad de 16 litros cada uno, todos ellos de aguardiente blanca y tostada, dos envases de acero inoxidable de una capacidad de 30 y 50 litros, que también contenían aguardiente blanca, además de 800 litros de vino en distintos envases y botellas.

Según se pudo comprobar, ha señalado la Benemérita, "todos los envases carecían de las preceptivas etiquetas y marcas fiscales que pudiesen determinar su trazabilidad, según dispone la legislación vigente".

Por ello, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía procedió a la inmovilización cautelar de los envases y, al mismo tiempo, denunciaron el responsable del bar por sendas infracciones administrativas.

Una de las denuncias por infracción a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, de la que es competente la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, por carecer de las precintas fiscales y la otra a la Ley 2/2012 de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que tendrá que resolver la Delegación Provincial de Sanidade de la Xunta.

En este último caso, la denuncia tiene su origen en "el riesgo que la venta del alcohol podría suponer para la salud pública, dado que al carecer de etiquetas comerciales se pierde la trazabilidad del producto y no se puede conocer la empresa responsable de su elaboración y distribución", advierte el Instituto Armado.

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