La Fiscalía no ve injurias en las declaraciones del concejal de IU en Lugo que denunció supuestas ilegalidades de Orozco

La Fiscalía ha concluido que no ve "delito de injurias o calumnias" en las declaraciones del concejal de ACE, Carlos Portomeñe (Izquierda Unida), sobre supuestas ilegalidades urbanísticas del exalcalde José Clemente López Orozco, que lo denunció por la rueda de prensa en la que pronunció esas palabras.

El caso, en su día archivado por la jueza de instrucción, fue reabierto por la Audiencia Provincial y está pendiente de fijar fecha para el juicio oral. Sin embargo, la Fiscalía se pronuncia, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en contra de que haya cometido los delitos de injurias y calumnias.

"Cabe concluir que las expresiones que se atribuyen como proferidas pro el aquí investigado no alcanzan la entidad y gravedad necesarias para considerarse que puedan constituir un delito de injurias, careciendo en sí mismas por su tenor literal de carácter menospreciativo hacia la dignidad, fama u honestidad del querellante", señala el escrito del Ministerio Fiscal, que es de enero de este año.

Además, hace hincapié en que hay que tener en cuenta el "contexto político" en el que se produjeron las declaraciones y, además, añade que para que haya delito de injurias se requiere el "efectivo menosprecio o difamación" que, a su entender, "no se aprecia con claridad en este supuesto".

Asimismo, señala que por el contenido de las expresiones proferidas y el contexto en el cual se pronuncian se encuadran más en una "manifestación del ejercicio de la libertad de expresión e información sobre un asunto de interés general".

DENUNCIA 2016
La denuncia se interpuso en 2016 y en agosto de ese año se sobreseyó y archivaron las actuaciones por parte de la jueza instructora. En marzo de 2017, la Audiencia Provincia revocó la actuación sobre la base de que había sido una "decisión demasiado anticipada", explicaron fuentes del caso a Europa Press.

Posteriormente, y después de que la jueza Pilar de Lara (que investiga el plan general de Orozco) considerase la denuncia una medida de "presión" contra un testigo de su causa, Portomeñe volvió a declarar ante la jueza instructora de la querella contra él y finalmente quedó sobreseída provisionalmente.

No obstante, la Audiencia Provincial volvió a determinar que deberían proseguirse las actuaciones hasta el correspondiente enjuiciamiento, esto es, pidió la apertura de juicio oral.

La acusación particular reclama al concejal 68.000 euros de indemnización por los delitos de calumnias e injurias, según fuentes jurídicas. La Fiscalía, por su parte, sostiene en su escrito que las declaraciones realizadas "no constituyen un posible delito de calumnias o injurias".