El TS confirma la condena a dos mujeres por estafar a cinco trabajadores con un falso puesto en el Sergas

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de A Coruña a dos mujeres por estafar a cinco trabajadores del área de descanso de la A-9 en Ameixeira (Ordes), a quienes convencieron que podían conseguir un puesto de trabajo en el Servicio Galego de Saude (Sergas) a cambio de dinero, según informa el alto tribunal.

En concreto, M.C.F.T. fue condenada por un delito de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento público a 3 años y medio de prisión, y en el caso de M.C.R.F., la pena fue de 1 año y 9 meses de prisión, al ser condenada solo por el primero de los delitos.

Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen, según informa el Supremo, que, entre finales de 2010 e inicios de 2011, una de ellas se hizo pasar por alta directiva del Sergas y la otra por secretaria. Ambas comenzaron también a frecuentar la cafetería del área de descanso de la AP-9, sita en Ameixeira (Ordes).

Allí se ganaron la confianza de los empleados, a quienes hicieron creer que podían conseguir un trabajo en dicho organismo, gracias a su influencia, si previamente les pagaban determinadas cantidades. También les invitaron a hacer un curso de informática y les reclamaron la entrega de determinada documentación y el curriculum vitae.

"De acuerdo con un plan preconcebido, con ánimo de beneficiarse de forma ilícita de los perjudicados, obtuvieron 52.500 euros de cinco personas", señalan desde el Tribunal Supremo.

"PUESTA EN ESCENA CONVINCENTE"
La sentencia afirma que la "puesta en escena" de las condenadas fue convincente al punto de que consiguieron vencer la voluntad de los perjudicados amparados en la necesidad de encontrar trabajo.

La estafa emerge -remarca la Sala- "en tanto en cuanto la necesidad de trabajar permite relajar las dudas o prevenciones en las personas que son víctimas de estas ofertas de trabajo falsas a cambio de precio".

En este sentido, afirma que se trata de supuestos de ilícitos penales graves por la metodología empleada por los defraudadores al aprovecharse de la "debilidad manifiesta" de las víctimas.