Los afectados por el cierre de Motorkar de Opel en Ferrolterra reciben el apoyo de instituciones y partidos políticos

Las 44 familias piden que se entreguen los vehículos que adquirieron en el concesionario ferrolano

Las 44 familias de Ferrolterra afectadas por el cierre inesperado del concesionario oficial Motorkar de Opel en sus delegaciones en Ferrol y Laraxe (en Cabanas) afrontan una situación límite, pues se han quedado sin poder recibir sus vehículos, adquiridos algunos de ellos con un año de anterioridad.

Los afectados han sido recibidos en la mañana de este miércoles por el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y por el diputado de En Marea Antón Sánchez.

Sánchez ha calificado esta situación como "una estafa a todas estas personas" y ha recordado que en estas circunstancias "debe actuar el Instituto Galego de Consumo y así está escrito en el Estatuto de Autonomía de Galicia".

Al mismo tiempo, el parlamentario ha confirmado que En Marea pretende actuar en el Parlamento de Galicia "para defender los intereses de los consumidores". Opel, ha subrayado, "no puede hacerse el remolón, porque las personas que han ido al concesionario quieren la marca Opel."

Antón Sánchez también ha realizado un llamamiento a la solidaridad de la comarca con las 44 familias afectadas, las cuales "están en una situación de indefensión" que puede ocasionar "trastornos graves". "Hoy les pasa a ellos, pero mañana le puede pasar a cualquiera", ha constatado.

En la misma línea, el regidor ha manifestado que "debe cumplirse el legítimo derecho de los propietarios de poder disponer de sus vehículos".

Igualmente, se ha dirigido a Opel, la cual "tiene que actuar también por el bien de sus intereses", sin olvidarse de los 22 trabajadores de los que disponía el concesionario Motorkar, a los que se les ha propuesto un ERE extintivo. El alcalde ha deseado "que Opel los pueda recolocar en otros concesionarios de la marca."

LOS AFECTADOS TAMBIÉN RECIBEN EL APOYO DEL PP
Tras finalizar esta reunión, las familias afectadas se dirigieron a la sede del PP de Ferrol, donde han sido recibidos por el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, y la portavoz municipal del PP de Ferrol, Martina Aneiros.

Tellado ha manifestado su "solidaridad y apoyo" y ha aguardado "que se busquen las posibles vías de solución a un problema en el que ellos no tienen ninguna culpa".

El secretario general de los populares ha recordado que estas familias, como consumidores, "tienen unos derechos". La administración, según ha remarcado, "hará todo lo que tenga que hacer desde su ámbito de actuación" y el juzgado tendrá que hacer "todo lo que le corresponda para que su situación sea solventada cuanto antes".

Llamando a una actuación con "celeridad", Tellado ha afirmado que el Instituto Galego de Consumo "debe abrir un expediente", porque los derechos de los consumidores "está claro cuáles son" y que deben ser "devueltos a la mayor brevedad posible". Lo "fundamental" será la "celeridad con la que se actúe", ha insistido.

SOLUCIONES INTERMEDIAS A ALGUNOS AFECTADOS
El portavoz de las familias afectadas, Carlos Amado, ha afirmado que Opel se ha dirigido a 18 de las familias para ofrecerles un vehículo de sustitución, pero ha recomendado "no firmar ningún contrato con la marca si no es beneficioso para la familia".

Así, ha recordado que Opel "es la que distribuye los coches al concesionario" y ha alertado que si esta forma de actuar la tuvieran todas las marcas los consumidores estarían "perdidos", porque si se adquiere un vehículo en un concesionario oficial "este tiene que tener todas las garantías legales."

Esta solución intermedia no satisface a las familias afectadas, por lo que Carlos Amado ha solicitado a Opel España "que sea consecuente con su marca y que entregue el coche que corresponde", antes de recalcar que en todo este tiempo Opel España "no se ha dignado a mandar a un representante para hablar con los clientes".

El mismo portavoz ha alertado del escaso tiempo que tienen para encontrar una solución, porque el próximo 1 de septiembre Motorkar entrará en concurso de acreedores, por lo que ha afirmado que "a partir de ese día solo se podría disponer de los vehículos que tienen disponibles en el concesionario".

Amado también ha dado a conocer que de estas 44 familias, 22 han presentado sus denuncias al Instituto Galego de Consumo "valoradas entre 350.000 y 370.000 euros". El total de dinero pagado por las 44 familias asciende a "unos 800.000 euros".