Sigue la lucha en el Parlamento Europeo contra la Mina de Touro-O Pino

La asociación mantiene abiertas diversas reclamaciones ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

Manifestación contra la mina de Touro

La ‘Plataforma Vecinal Mina Touro-O Pino Non’ pide que se restaure el emplazamiento de la antigua mina a cielo abierto de Touro, activa entre 1973 y 1986. Esta petición está siendo tramitada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, junto con otras realizadas por parte de la asociación. La plataforma apoya su solicitud en que la restauración está justificada por los efectos adversos sobre el medio ambiente, prestando especial atención a la posible contaminación del Río Ulla y de la Ría de Arousa.

Las otras peticiones a la Comisión, según el comunicado, están relacionadas con las características de la empresa promotora, en los impactos del proyecto y en la falta de información. “Cobre San Rafael S.L., matriz de Atalaya Mining, pretende extraer cobre de una mina que ocuparía 689 hectáreas, de las cuales 429 son hoy en día masa forestal y terreno agrario”, denuncia la plataforma.

“Entre los problemas específicos que plantean las peticiones están los impactos del proyecto extractivo en la base territorial de las explotaciones agrarias beneficiarias de la PAC, la desaparición de hasta 20 manantiales de agua y las reserva que abastecen por lo menos un centenar de viviendas y explotaciones ganaderas”, aseguran en el comunicado, donde enumeran las peticiones realizadas por la plataforma con especial preocupación a un posible desastre medioambiental que, de afectar a la Ría de Arousa, “afectaría a miles de puestos de trabajo en el sector marisquero y acuícola”.

En la nota de la asociación también se hace eco del “malestar y alarma social” provocada por la creación e la zona de balas de estériles con diques “de 1.806 y 3.187 metros de longitud y alturas de 81 metros”. “En caso de fallar estos diques tendríamos consecuencias muy altas en cuanto a pérdidas de vidas humana, daños en el medio ambiente y pérdidas económicas”, alertan desde la plataforma, extendiendo la preocupación a los dos depósitos de residuos estériles y cuatro escombreras.

AUMENTO DE DENUNCIAS

La nota también advierte que desde que vio la luz el proyecto de Cobre San Rafael se presentaron por vecinos y organizaciones medioambientales más de 1.500 alegaciones al proyecto en el periodo de exposición pública que finalizó en 2017. “En el último año más de 150 asociaciones, 43 ayuntamientos, las diputaciones de A Coruña y Pontevedra, partidos políticos y sindicatos se manifestaron en contra de este proyecto”, celebran desde la plataforma contra el proyecto de la mina, recordando las manifestaciones multitudinarias que se han ido sucediendo en los últimos meses y las más de 26.000 y 70.000 firmas entregadas a la Xunta y que figuran en la campaña de Change.org respectivamente.