La exconcejala de Urbanismo de Ourense Áurea Soto defiende su inocencia en el caso de la residencia universitaria
Está acusada de prevaricación por conceder una licencia de actividad en 2011 sin cumplir las normas urbanísticas
La que fuera edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense con el PSOE entre 2007 y 2015, Áurea Soto, ha defendido su inocencia en el juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad, al que ha acudido en calidad de acusada en el caso de la residencia universitaria junto con un técnico municipal, Bienvenido Fernández.
La empresa promotora, Casas Ourense, acusa a ambos de un delito de prevaricación al haber concedido en 2011 la licencia de actividad y ocupación de la residencia universitaria --abierta en 2001, cerrada en agosto de 2014 y reabierta en enero del año pasado-- sin haberse ejecutado las obras de urbanización necesarias, que contemplaban, por ejemplo, los accesos para los servicios de emergencias.
La exconcejala del Ayuntamiento de Ourense ha asegurado en la vista oral que las licencias de obra y ocupación las llevaba el técnico que también esta acusado y que los informes para la concesión eran "favorables". Además, ha negado haber ejercido presión sobre algún trabajador municipal para la consecución del visto bueno en los documentos.
Asimismo, ha declarado que no le "chirriaba" nada de lo que "estaba pasando" y ha añadido que tuvo en cuenta los informes favorables del servicio y que el informe de Ingeniería en 2014 desvelaba que las vías de acceso de los vehículos de emergencia eran "suficientes".
Por su parte, el técnico municipal, Bienvenido Fernández, encargado de emitir el informe jurídico favorable a la concesión de la licencia, ha asegurado que "no existía licencia de obra en algunos de los equipamientos".
Además, ha hecho referencia a un informe "favorable" de la aparejadora y ha destacado que "no había" ninguna "resolución del Ayuntamiento que negara el expediente" y que Áurea Soto "jamás le ordenó nada".
DECLARACIONES DE TESTIGOS
Uno de los testigos en el juicio ha sido el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense, Ricardo Campo Labrador (PP) --en el cargo de septiembre de 1999 a junio de 2003--. Ha declarado por videoconferencia y ha destacado que no recordaba que la residencia no tuviera licencia de apertura ni tampoco que hubiera un expediente en relación a la misma o un "mal funcionamiento" de ésta.
En la sesión oral de este jueves, también ha participado en calidad de testigo el autor del informe para la junta de compensación en 2013 en relación al ámbito de la residencia universitaria, Manuel Durán Fuentes, que fue director de obra de la primera fase del área.
Éste ha señalado que las modificaciones solicitadas en 2014 para el proyecto inicial del año 2000 se debían a razones de ajuste a la "normativa" y a la "realidad geométrica".
El Ministerio Fiscal no ve delito en las actuaciones de Áurea Soto y Bienvenido Fernández, por lo que pide la libre absolución para ambos. Mientras, la acusación solicita una pena de un año de cárcel e inhabilitaciones de cargo público para la exconcejala del Ayuntamiento de Ourense y para el técnico. El juicio está señalado también para este viernes.
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