La Xunta se lava las manos en el juicio a la Fundación Cela pese a que aportó 200.000 euros

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La Administración aportó 200.000 euros al plan de viabilidad que sirvieron para financiar el despido del gerente con una indemnización por la que ahora se sientan en el banquillo María Castaño, un ex-conselleiro y su hija


El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Jesús Oitavén, y el entonces secretario xeral técnico de Cultura, hoy gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, han desvinculado a la Xunta de la decisión de pagar 150.000 euros al exgerente de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, como indemnización a su despido, algo que, según han dicho, correspondía fijar a la entidad, dado que "formalmente, quien pagaba era la Fundación".


Os acusados de desfalco na Fundación Cela din que a indemnización era
María Castaño en el banquillo de los acusados


Así lo han explicado en la segunda sesión del juicio por malversación de fondos que se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, contra el propio Tomás Cavanna, el exconselleiro Dositeo Rodríguez, patrono de la entidad, su hija Covadonga Rodríguez, que asumió el cargo de subdirectora, y la presidenta, Marina Castaño.

ARGUMENTOS DE LA XUNTA
Ante el tribunal, ambos cargos han explicado que la Fundación no tuvo carácter de pública, a pesar de recibir subvenciones de los departamentos de Educación y de Cultura, hasta abril de 2012, cuando esta modificación fue aprobada por el Consello de la Xunta.

Por tanto, han explicado, en 2010, "la Xunta no tenía ninguna competencia para autorizar la indemnización" a Tomás Cavanna, algo que "era cuestión de la Fundación", ha dicho Fernández-Campa. Dentro del Plan de Viabilidad derivado de la mala situación económica de la entidad se requería "reducir los gastos en personal", aunque los altos cargos públicos han indicado que no se hacía referencia concreta a ningún nombre.

"La decisión de extinguir el contrato de Tomás Cavanna es de la Fundación, y, formalmente, quien iba a pagarlo era la Fundación", ha dicho Fernández-Campa, que ha recordado que, después de que ésta intentase conseguir un crédito para este fin --que le fue denegado--, la Xunta habilitó una "addenda" a su convenio habitual, dotada con algo más de 200.000 euros, para hacer frente a los gastos del plan de viabilidad, entre los que figuraba esta indemnización.

En todo caso, ha apoyado la decisión de pactar con el afectado un despido alegando que, en su situación, la Fundación "necesitaba tener certezas y no conflictos".

UN "VARAPALO DE DIMENSIONES BÍBLICAS"
En la sesión de este martes también ha comparecido la abogada que asesoró a la Fundación en la negociación de este despido y que ha avalado como "habitual" este procedimiento de negociación.

La letrada ha explicado que se produjo un "error" de forma en la comunicación del despido, lo que, en su opinión, habría llevado a que fuese declarado nulo y que la indemnización se "duplicase". La abogada ha dicho que Tomás Cavanna había "puesto sobre la mesa" la posibilidad de ir al juzgado, una decisión "suicida" que habría causado a la Fundación un "varapalo de dimensiones bíblicas".

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