Desestimado en el juzgado el pago del canon del agua de Fene (A Coruña) que la empresa estableció de manera unilateral

El gobierno de Fene (A Coruña), formado por la coalición de Partido Popular y Somos Fene, ha logrado mediante dos sentencias judiciales no tener que abonar a la empresa que fue concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas en este municipio, Viaqua, una reclamación de 621.000 euros, por la actualización del canon del agua, establecido de manera unilateral por la empresa, según ha asegurado el regidor local, Gumersindo Galego (PP).

En una comparecencia pública en el Ayuntamiento, en la que también ha estado presente el portavoz de Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, Galego ha dado a conocer dos sentencias dictadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ferrol, que "desestiman sendos recursos interpuestos por Viaqua reclamando la actualización del canon del agua en los ejercicios 2015 y 2016, cuando gobernaba el BNG" y por los que reclamaba "un cifra global de 621.000 euros".

El alcalde popular ha recordado que su gobierno había decidido "iniciar una batalla judicial frente a la intención de abonar las cuantías por parte del anterior gobierno del BNG".

En noviembre de 2018, "una vez finalizado el contrato, se notificó a la empresa la rescisión del mismo, con presencia de todos los grupos municipales, obligándose a la empresa a mantener el servicio hasta que se tome una decisión sobre la gestión". "Dadas las fechas actuales, considero no corresponde a este gobierno tomar una decisión sobre un contrato de tal calado", ha señalado Galego.

Fue entonces cuando se dio cuenta de las reclamaciones del canon correspondientes a los años 2015 y 2016. "Fue dejada, abandonada, no se le hizo caso por el gobierno anterior, ya que el portavoz del BNG, el anterior alcalde, el señor Juventino Trigo, era partidario de llegar a un acuerdo con Viaqua para abonarle todas las reclamaciones pendientes con fondos del remanente de tesorería", ha apuntado.

La de 2015 ascendía a 319.392 euros y la de 2016 a 302.090 euros, según ha proseguido, unas cantidades que los socios de gobierno consideraban "desorbitadas por la actualización del canon".

Por contra, han asegurado que el gobierno actual "decide hacerle frente a esta situación en el ámbito judicial y logra dos sentencias muy claras", ya que "se logra la desestimación del recurso interpuesto por silencio administrativo de la solicitud de actualización del canon".