El presidente de Sogama informa de una nueva propuesta para los despedidos de la subcontrata Transportes Pacholo

Trabajadores se movilizan ante el Parlamento y acusan a Sogama de echar "balones fuera" ante los problemas medioambientales o de precariedad

El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, ha anunciado en Comisión parlamentaria una nueva propuesta de readmisión para los ocho trabajadores despedidos de Transportes Pacholo, con la que confía en que se solucione el conflicto que se inició en abril y "se llegue a un buen acuerdo". La empresa está subcontratada por la UTE a la que Sogama adjudicó el transporte de los residuos a la planta situada en Cerceda.

En coincidencia con la Comisión de Ordenación Territorial, se han concentrado a las puertas del Parlamento de Galicia un grupo de unos 50 trabajadores, que acusaron al presidente de Sogama de "echar balones fuera" y no atender a la situación de "precariedad laboral, delitos medioambientales y hasta estafa" de la empresa Transportes Pacholo.

En el Parlamento, Javier Domínguez Lino informó de la última propuesta transmitida a través del Consello de Relacións Laborais. Mantendría, al igual que la anterior que fue rechazada por la parte social, que cuatro trabajadores serían recolocados este año para transporte para Sogama --tres de ellos en Cerceda y otro en Caldas--, dos de ellos antes del 31 de septiembre y los otros dos antes del 31 de diciembre.

La "novedad capital" sería la reubicación de los otros cuatro despedidos, antes del 31 de marzo de 2020, también en servicio de transporte de residuos a Sogama "preferentemente", aunque sin especificar el lugar del servicio por estar vinculado a posibles jubilaciones. En paralelo, la compañía propone negociar un "nuevo convenio colectivo". Una propuesta que, según Domínguez, demuestra el "trabajo silencioso" que se ha realizado desde Sogama ante la huelga de los trabajadores.

Así ha concluido su intervención en una Comisión bronca, en la que ha realizado duras acusaciones a la parte social y a los trabajadores, y en la que En Marea, en palabras del diputado Antón Sánchez, le ha reprochado actuar de "mamporrero" contra los trabajadores, aunque la palabra fue retirada a petición de la presidencia de la mesa.

El presidente de Sogama ha defendido la "pulcritud" y "transparencia" de la adjudicación del transporte de residuos que se realizó a la UTE formada por Renfe, Copasa y Logirail. La UTE subcontrató a Transportes Pacholo, que incorporó a 47 trabajadores de la anterior compañía que realizaba el servicio. A ellos, sumó otros 30 con otras condiciones laborales.

Javier Domínguez ha argumentado que, ante los "incumplimientos" y las "ineficiencias" en el servicio, la UTE rescindió parte del contrato, lo que provocó los 8 despidos por parte de Transportes Pacholo.

En su intervención, ha dejado caer también que justo después de las elecciones, el 27 de mayo, cuando se comunicó que se incorporaban al trabajo los conductores que habían secundado la huelga y ha reclamado "responsabilidad" "a la parte social".

"Cuando se demandan mejoras hay que negociarlas de forma transparente y no con trampas", ha remarcado, para lamentar que pese al "gran esfuerzo" por llegar a acuerdos "la postura de la parte social es inamovible" y haya "falta de voluntad".

"Es incompresible que se quiera mantener huelga con desgaste para todos cuando hay soluciones viables y razonables", con una "salida digna al conflicto" que está siendo "rechazada sin argumentos", ha agregado.

En su segundo turno de palabra se ha mostrado muy crítico con los trabajadores, a los que ha acusado de "falsedades" en los documentos y fotografías que el diputado Antón Sánchez mostró, como ejemplo de las deficiencias en el servicio.

También ha rechazado que las condiciones sean de "precariedad laboral" y ha dado cifras de los salarios. "Algún conductor cobra 2.400 euros mensuales" y los "ingresos medios" son de más de 2.000 euros, con "dos semanas trabajando y casi una de descanso", ha apuntado. "Si están tan mal no entiendo que cuando tienen ofertas de otras empresas quieran venir a Sogama, alguien miente", ha sugerido.

Además, ha aseverado que los informes muestran un "escrupuloso cumplimiento en materia laboral y medioambiental" y ha cifrado en 4,5 millones de euros la cantidad destinada en tres años a la mejora del servicio.

En esta línea, el presidente de la Sociedad Galega de Medio Ambiente también ha denunciado "comportamientos surrealistas" de trabajadores, como "negarse a conducir por tener moscas en la cabina o por estar sucia la matrícula" y de haber realizado "numerosos sabotajes" desde abril de este año que, en algún caso, "ponen en peligro vidas humanas".

Por parte de En Marea, Antón Sánchez le ha acusado de "hacer de abogado defensor de la empresa" y ha incidido en que "los despidos fueron por represalias a trabajadores que reivindicaban derechos". Ha tachado al presidente de Sogama de "mamporrero" y "perrito faldero de la empresa", aunque después retiró estos calificativos y los sustituyó por "trabajador con sueldo público para la empresa".

También la diputada socialista Patricia Vilán ha censurado que el presidente de Sogama se "lavase las manos" en el conflicto y atacase a los trabajadores de forma "injusta e ilegal". Ha hecho hincapié en el "contraste" de las llamadas al "trabajo silencioso" en este caso con la "voz del presidente de la Xunta en la defensa de los trabajadores" de la compañía privada Ence.

Por su parte, el diputado del PP Gonzalo Trenor ha pedido a la oposición "que no intoxique" y ha vinculado las protestas al período electoral. "Intoxicar es amparar actos vandálicos, confundir y poner por delante intereses electorales y partidistas", ha añadido.

Sus acusaciones al BNG de haber "orquestado y dirigido actuaciones de escraches en las últimas elecciones y en las previas" provocaron las protestas de la diputada nacionalista Montse Prado, que pidió que retirase estas acusaciones "indecentes", si bien la presidencia de la mesa lo rechazó.

Montse Prado Cores también ha denunciado la falta de "condiciones de seguridad" en la subcontrata, de "mantenimiento" o que se "circule con más peso del permitido", poniendo "en riesgo la vida de estas personas".

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES
El presidente del Comité de Transportes Pacholo, Manuel Regueiro, en la concentración de protesta ante el Parlamento, ha subrayado que los trabajadores no aceptan nada que "no pase" por las ocho readmisiones, porque los despidos se derivaron de la petición de "condiciones de trabajo básicas".

A su juicio, el presidente de Sogama "echa balones fuera diciendo que es un conflicto laboral", porque "este es un conflicto de medidas de seguridad, de delitos medioambientales y hasta de estafa".

El responsable del Comité ha incidido en que los trabajadores solo piden que se iguale el salario a los trabajadores que no fueron subrogados, y que ha situado en torno a los "1.000 euros mensuales en doce pagas", a los del convenio de la provincia de A Coruña.

Pero ha insistido en que "esto es una parte del conflicto", que también pivota sobre las "precarias condiciones laborales". En esta línea, ha concluido que la empresa utiliza a estos "ocho trabajadores como escarmiento y como rehenes para evitar cualquier negociación".

Por otra parte, en la Comisión parlamentaria, el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, en respuesta a una pregunta formulada por el PP, ha explicado que la Xunta de Galicia está a la espera de que la Delegación del Gobierno responda a la propuesta de colaboración que fue remitida para coordinarse en materia de seguridad vial, en la que se piden medidas del Estado para eliminar tramos conflictivos en carreteras estatales o acciones para mejorar la seguridad de los peregrinos en estas vías.