Indra, una de las mayores beneficiadas de contratos de la Xunta, también está imputada en la Operación Púnica

Las imputaciones de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre son malas noticias para el PP de Galicia. No sólo en el plano político estatal, por el desgaste que supone que los conservadores vuelvan a los titulares salpicados de corrupción, también en el gallego. Y es que aunque por ahora la Púnica no tiene ramificaciones conocidas en Galicia, lo cierto es que la empresa epicentro de la supuesta trama corrupta, Indra, lleva años siendo uno de los principales proveedores de tecnologías de la Xunta.

Además de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, la Audiencia Nacional ha imputado a Indra como persona jurídica. Su expresidente Javier Monzón también tendrá que acudir a declarar al juzgado.

Los logotipos de la Xunta e Indra juntos en el dron Targus en Rozas (Lugo)

Según informe de la Guardia Civil, Indra habría ayudado a pagar las facturas electorales de proveedores de comunicación y publicidad del  PP a cambio de recibir adjudicaciones infladas de un ente público madrileño. 

Las adjudicaciones a Indra son constantes en la era Feijóo. Tal vez la más relevante y conocida es la del aérodromo de Rozas, donde la consultora es una de las principales beneficiadas de la gran inversión pública en este polo de desarrollo de drones civiles. Entre otros proyectos, Indra desarrolla allí el “TARGUS”, que presenta como el "el dron civil con mayor capacidad de

carga de pago y autonomía". En el proyecto de Rozas, la Xunta ha invertido al menos 115 millones de euros, según datos de la Consellería de Economía y en él colaboran al menos tres filiales diferentes de Indra. De esos 115 millones, al menos 40 provienen de la propia Xunta. 

La condición de socio estratégico de la empresa investigada también se ve en el anuncio de que Indra situó en el Gaiás su centro "de referencia" en innovación digital sociosanitaria.  El Centro de Excelencia en Tecnologías Innovadoras Socio-sanitarias (CETISS) fue inaugurado este verano en la Cidade da Cultura con la presencia de Mar Pereira, responsable de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) de la Xunta.

GIRO EN LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

Precisamente, es ese ámbito, en de las tecnologías de la información, en el que más colaboran Indra y la Xunta. Desde la llegada de Alberto Nuñez Feijóo a San Caetano, el Gobierno gallego ha centralizado en la AMTEGA gran parte de la contratación de proyectos informáticos, en principio para ahorrar costes. Grandes consultoras de ámbito estatal han sido las principales beneficiadas de esta estrategia, entre otras Indr. Estrategia ha perjudicado el desarrollo de empresas TIC gallegas más pequeñas.

Por poner algunos ejemplos recientes de estos macrocontratos destacados, AMTEGA le ha adjudicó en el último año a Indra el soporte técnico de los juzgados gallegos el año pasado por 2,5 millones,  el soporte y nuevas funcionalidades en el ámbito de la educación por 1,2 millones (a través de una UTE) o el desarrolo de un de un sistema de información social única electrónia por 2,8 millones. 

La Consellería de Sanidade -que por ejemplo le contrató el desarollo del sistema IANUS por 1,4 millones- y el Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) -que le acaba de adjudicar el desarrolo del sistema XUMCO por  872.000 euros- son otros de los numerosos organismos de la Xunta que han apostado por Indra en los últimos años.

Lo que no es de extrañar, dado que es una de las mayores consultoras de tecnologías de España, que, de hecho, nació en 1992 por la fusión de un ente público con una empresa privada. La opinión pública la conoce sobre todo por ser la adjudicataria habitual de las webs elecotrales tanto en España como en Galicia,  donde montó por ejemplo el portal de las últimas autonómicas. Indra conserva en su accionariado una participación pública, pero minoritaria, en torno al 20%.

Ninguna de las adjudicaciones de Indra con la Xunta está bajo sospecha judicial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la CNMC ya le abrió expediente por presuntamente pactar con otras consultoras precios para repartirse contratas públicas. 

En todo caso, el elevado perfil mediático y político de las imputaciones de Aguirre y Cifuentes mete al ejecutivo de Feijóo en un aprieto. Y es que no solo es imputado el ex-director, sino es que es la propia compañía como persona jurídica la que será investigada como presunta corruptora y financiadora ilegal de campañas del PP.

La directora de la Agencia Gallega de Innovación (Gain), Patricia Argerey,  presentando una iniciativa del Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR),participada por Indra