69 plazas internas de la Deputación de Baltar, declaradas ilegales definitivamente

Cuarta sentencia, cuarto varapalo judicial al concurso interno por el que la Deputación de Ourense que gobierna Manuel Baltar convocó 69 puestos de trabajo de manera ilegal

La Sala Especial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado desestimar de forma definitiva el recurso de casación autonómico presentado por la Diputación de Ourense contra el fallo que anulaba un concurso interno del año 2016 que contemplaba la ocupación de 69 puestos de trabajo.

Baltar y su socio de gobierno, el líder de DO Gonzalo Pérez Jácome

De este modo, el alto tribunal gallego vuelve a confirmar la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Ourense por la que se anulaba este concurso y subraya que contra la decisión emitida con fecha del 13 de septiembre "no cabe recurso alguno".

En concreto, el TSXG ya consideró en un fallo emitido en julio de 2018 que la convocatoria "obvia la valoración del mérito y la capacidad del posible aspirante", por lo que "impide su posibilidad de participación en el proceso si no pertenece al grupo, escala, subescala y categoría profesional que se especifica en las fichas individualizadas de los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo".

En esta misma línea, destacaba que el concurso interno de la Diputación de Ourense no tuvo como finalidad primordial "posibilitar la cobertura de las plazas ofertadas con los aspirantes que, reuniendo los requisitos mínimos exigibles, demuestren mayor mérito y capacidad".

O CUMPLE AHORA, O SE ARRIESGA A MULTAS

Tras conocerse la decisión de la Sala Especial del TSXG, la CIG --el sindicato que en diciembre de 2016 recurrió el concurso interno-- ha destacado que esta es la cuarta resolución judicial que les da la razón sobre la "ilegalidad" de este concurso.

Además, la central nacionalista señala que la Diputación de Ourense cuenta ahora con un plazo de dos meses para cumplir lo dispuesto en la sentencia original, que ordenaba anular las bases reguladoras y la convocatoria del concurso ordinario organizado.

"Si en el plazo de dos meses la Diputación no cumple, la CIG puede solicitar la ejecución forzosa de la sentencia e incluso que se impongan multas a los responsables políticos que no cumplan con el fallo", ha asegurado el sindicato.