El Valedor tramitó 20.807 expedientes de queja en 2018, un 29% menos que en 2017, con el foco en servicios públicos

El Valedor do Pobo realizó durante el año 2018 un total de 24.771 actuaciones --con una media mensual de 2.063-- y tramitó 20.807 expedientes de queja, un 29% menos que en el anterior ejercicio (cuando el total de expedientes se situó en 29.365). El foco, como es habitual, estuvo en los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación.

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La Valedora do Pobo entrega al presidente del Parlamento el informe correspondiente a 2018

El Valedor do Pobo realizó durante el año 2018 un total de 24.771 actuaciones --con una media mensual de 2.063-- y tramitó 20.807 expedientes de queja, un 29% menos que en el anterior ejercicio (cuando el total de expedientes se situó en 29.365). El foco, como es habitual, estuvo en los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación.

Al frente de la institución, María Dolores Fernández Galiño, tras entregar el informe al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha sido la encargada de presentar el informe del pasado ejercicio, aunque ha recordado que no corresponde a su gestión en la institución, puesto que ocupó el cargo hace dos meses tras la salida de Milagros Otero, quien se vio envuelta en una polémica por un nombramiento.

En concreto, la salida de Otero se produjo unos meses después de que el Tribunal Supremo ratificase la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por "desvío de poder", a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del PPdeG.

En esta coyuntura y acompañada de su equipo, Fernández Galiño se ha mostrado prudente y ha evitado profundizar en las valoraciones pese a las preguntas de los medios, a los que ha remitido al contenido estricto de la memoria. Sí ha remarcado que es lógico que sanidad y educación registren el mayor número de quejas al ser los servicios con mayor cantidad de usuarios.

También ha resaltado que el diálogo y la aceptación de las recomendaciones por parte de las administraciones, tanto en el ámbito autonómico como en el local --según lo que permiten los recursos de los municipios, más reducidos-- es positiva; y ha destacado que hace años que no es preciso hacer "una declaración de hostilidad". "Creo que desde 2006", ha apostillado.

(Habrá ampliación)

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