Sánchez advierte que puede aplicar el 155 en Cataluña aún estando en funciones, como confirmaron los letrados del Senado

Tras las informaciones que vinculan a Torra con los acusados de terrorismo y la nueva apuesta por la unilateralidad del Parlament, el líder socialista dice que no tendría "ningún problema" en aplicar la medida prevista en la Constitución, aunque no haya Gobierno con plenas funciones. Eso si, Sánchez señala que no quiere llegar a tal extremo.

Los servicios jurídicos del Senado ya apuntaron en el año 2015, a instancias del PP, que un Gobierno en funciones puede plantear la aplicación del artículo 155 en Catalunya y que la Diputación Permanente del Senado, estando la Cámara Alta disuelta por la convocatoria de elecciones, tiene capacidad para debatir y aprobar o no las medidas que le presenta el Ejecutivo.

Precisamente este martes el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que no quiere llegar al "extremo" de tener que aplicar el artículo 155 en Catalunya, pero ha aclarado que, si se ve obligado a ello, no supondrá "ningún problema" que el Ejecutivo se encuentre en funciones.

Imagen del Senado que aprobó la pasada aplicación del 155

GARCÍA ESCUDERO YA PREGUNTÓ

Según han explicado fuentes parlamentarias, el presidente del Senado entonces, Pío García-Escudero (PP), hizo una consulta verbal a los letrados de la institución para conocer su opinión sobre una posible aplicación del 155 a finales de 2015. La legislatura estaba a punto de concluir (hubo elecciones generales en diciembre) y ni la Constitución ni el Reglamento del Senado precisan cómo se debe poner en marcha el 155 con las Cámaras disueltas y el Ejecutivo en funciones.

Desde el Gobierno se estudiaban todos los escenarios. Cataluña celebró elecciones en septiembre de aquel año y el nuevo Parlament, en noviembre, aprobó la primera resolución abriendo el denominado 'procés' hacia la independencia, una iniciativa que apostaba por la "desconexión democrática" de Catalunya, la apertura de un proceso constituyente y la intención de "desobedecer" a las instituciones del Estado, en especial al Tribunal Constitucional.

La respuesta de los letrados a García-Escudero fue que había argumentos jurídicos suficientes para entender que un Gobierno en funciones podía decidir la aplicación del 155 y enviar una propuesta al Senado para su aprobación.

LA DIPUTACIÓN ASUME TODAS LAS FUNCIONES

También respaldaron que la Diputación Permanente, en caso de que la Cámara estuviera disuelta por las elecciones, podía debatir y votar la iniciativa que le enviara el Gobierno.

La Diputación es el órgano que da continuidad a la institución entre legislaturas, o en periodos de vacaciones, y según la Constitución "asume las facultades que correspondan" al Senado, lo que impide que se produzca un vacío.

Aquel año no se llegó finalmente a dar ningún paso para poner en marcha el 155, algo que sí ocurrió por primera vez en 2017, tras el referéndum independentista: así, el Gobierno de Mariano Rajoy tomó la iniciativa y planteó al Senado una serie de medidas, que los grupos parlamentarios discutieron, modificaron y finalmente aprobaron.