Xunta y Gobierno fueron alertados de la necesidad de eximir de tasas a víctimas de maltrato machista con nueva identidad

El Valedor recibió una queja en 2018 y entendió que el problema exigía una investigación más amplia "instando la modificación de la normativa"

La institución del Valedor do Pobo contactó con la Xunta --en concreto con la Consellería de Educación-- y con la Delegación del Gobierno para alertar del problema con el que se encuentran las mujeres víctimas de la violencia machista que se ven obligadas a cambiar de identidad.

Así lo recoge el informe del Valedor correspondiente a 2018, que concreta que fueron 14 los expedientes tramitados en materia de igualdad, todos de carácter individual. Dos quejas fueron inadmitidas, una por no existir actuación administrativa previa y otra se remitió al Defensor del Pueblo por referirse a actuaciones del Estado.

Pero la institución puso el foco especialmente, según reconoce el propio informe, en una de las quejas por la "relevancia a efectos de modificación normativa que supone".

En concreto, la interesada exponía el problema que sufren aquellas mujeres víctimas de violencia machista a las que se les autoriza el cambio de identidad, puesto que se ven obligadas a pedir la expedición de toda la documentación administrativa necesaria para iniciar una nueva trayectoria vital con un nuevo nombre --DNI y títulos académicos, entre otros documentos-- debiendo abonar las tasas de todos ellos.

Así, la institución, que hasta hace dos meses dirigía Milagros Otero, se dirigió tanto a la Consellería de Educación como a la Delegación del Gobierno. Obtuvo una resolución favorable para el caso concreto, pero decidió ir un paso más allá y se dirigió al Defensor del Pueblo con el fin de "instar una modificación de la normativa actual".

BUENA RECEPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
Desde la defensoría estatal se comunicó que se remitiría al Ministerio de Justicia una serie de recomendaciones para garantizar los diferentes aspectos burocráticos que la tramitación de un cambio de identidad le supone a una víctima de violencia machista que, involuntariamente, se ve "obligada a realizar gestiones administrativas imprescindibles para salvaguardar su propia seguridad personal".

Antes de la fecha de cierre del informe de 2018, la institución remarca que, en la línea con los compromisos públicos que han realizado las distintas administraciones, recibió un escrito del Defensor del Pueblo confirmando la aceptación de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Estado de Justicia. PASOS QUE SIGUE EDUCACIÓN EN GALICIA

Por su parte, consultada por Europa Press sobre el protocolo que se sigue en Galicia ante este tipo de casos, la Consellería de Educación ha indicado que, en lo que respecta a títulos académicos no universitarios y duplicados a víctimas de violencia machista, la normativa vigente en la materia "no contempla la exención del pago de tasas".

En todo caso, con respecto a la queja en cuestión, Educación aclara que una vez que se tuvo conocimiento de la situación, en analogía con lo previsto en los casos de expedición de títulos duplicados por rectificación de la mención de sexo en el registro civil, se aplicó la "exención total" del pago de tasas.

Así, se comunicó al centro docente la instrucción y se advirtió, además, de que en la tramitación del expediente se observase "el máximo sigilo para la protección de los datos de la alumna interesada".

En lo que respecta a los títulos académicos universitarios, el departamento autonómico ha explicado que sí está ya regulada legalmente la exención a través del decreto por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en las universidades del Sistema Universitario de Galicia para 2019-2020.