CIG pone en marcha la campaña 'No hay represión que pare la lucha obrera' y vuelve a pedir el fin de la 'ley mordaza'

Convoca concentraciones en Vigo coincidiendo con juicios a trabajadores procesados "por defender sus derechos"

El sindicato CIG ha anunciado este miércoles en Vigo la convocatoria de concentraciones ante los juzgados de Vigo, en el marco de la campaña 'No hay represión que para la lucha obrera', para denunciar la "represión sindical" que afecta a varios trabajadores que serán juzgados "por defender sus derechos" y para volver a pedir la derogación de la llamada 'ley mordaza'.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, quien ha advertido de que hay "un intento de usar el sistema judicial y la 'ley mordaza' para silenciar" las reivindicaciones de la clase trabajadora.

A ese respecto, ha expresado su "preocupación" porque los conflictos laborales "están llegando a sede judicial", en un contexto de inminente recesión económica, cuando sigue vigente la reforma laboral, y en plena "crisis industrial" en Galicia.

Asimismo, Carril ha constatado que "los más castigados por la crisis económica son los perseguidos por la justicia" y ha advertido: "No nos van a amedrentar".

En la misma se ha pronunciado el secretario comarcal de la CIG en Vigo, Alberte Gonçalves, quien ha explicado que, en el marco de esta campaña, el sindicato convocará concentraciones delante de los juzgados vigueses los días 15 y 28, 29 y 30 de octubre, coincidiendo con la celebración de dos juicios contra trabajadores, procesados "por defender sus derechos".

JUICIOS
El responsable comarcal de Transportes en el sindicato, Suso García, ha explicado que el próximo 15 de octubre se juzgará a un trabajador del sector de ambulancias, que ha sido "criminalizado" por "hacer una pintada" durante un conflicto por el convenio del sector.

Por su parte, la responsable de CIG-Servizos, Tránsito Fernández, ha confirmado que los próximos 28, 29 y 30 de octubre se celebrará un juicio en Vigo en el que un empresario de la hostelería pide penas de prisión e indemnizaciones que suman más de 700.000 euros para 13 de sus empleados, por supuestas amenazas y coacciones.

Se trata de un empresario, ha señalado Tránsito Fernández, que fue denunciado por impago de salarios, y que mantenía deudas importantes con la Seguridad Social y con Hacienda, además de con el Sergas (gestionaba la cafetería del hospital Meixoeiro).