La ley de usos lúdicos de las aguas termales seguirá la tramitación en la Cámara y la Xunta llama al consenso

PSdeG, Común da Esquerda y BNG piden sin éxito devolver un texto que ven "con muchas limitaciones" y que incide en la "desprotección jurídica"

La ley de aprovechamiento lúdico de las aguas termales seguirá su tramitación en el Parlamento gallego tras superar el debate de totalidad de este martes, en el que los populares han rechazado las tres enmiendas de devolución defendidas por el PSdeG, Grupo Común da Esquerda y BNG. El Grupo Mixto no pidió devolver la norma, pero coincidió en que tiene "muchas carencias".

Antes del debate, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha destacado que esta ley será "pionera" en España y permitirá a Galicia contar con un "completo" marco normativo en torno a as aguas termales gracias al que se impulsará un crecimiento "ordenado y seguro" del sector.

Conde ha proclamado que la ley ofrece "nuevas oportunidades" al sector turístico, al tejido empresarial y para la dinamización de la actividad económica de los ayuntamientos del interior, a la vez que se "protege" el recurso natural.

A renglón seguido, ha defendido que el sector pide un apoyo unánime al termalismo, por lo que ha instado a los grupos parlamentarios su respaldo, y que se sumen al consenso que obtuvo esta norma durante toda la tramitación previa.

Entre los aspectos más destacados de la normativa, el conselleiro ha destacado que se fija como condición previa que las aguas cuenten con la declaración de termales. También se regulan los casos de compatibilidad de los nuevos aprovechamientos lúdicos con los establecimientos balnearios y sus perímetros de protección.

CONCESIONES
Asimismo, se establece el procedimiento para obtener autorizaciones administrativas renovables cada diez años para las personas o entidades privadas y concesiones de 30 años prorrogables hasta 75 en el caso de entidades públicas. Exige también garantía financiera, seguro de responsabilidad civil, un plan de aprovechamiento de carácter cuatrienal y la restitución de la situación al estado original tras la finalización del aprovechamiento.

Igualmente, incluye un régimen de inspección y sanciones con multas de hasta 90.000 euros. Conde ha recordado, además, que aquellos espacios que se encuentren actualmente en funcionamiento contarán con un plazo máximo de 12 meses para regularizar su situación.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Mientras que la diputada popular Cristina Romero ha defendido la ley profundizando en los argumentos de Conde, las parlamentarias Noa Presas (BNG), Ánxeles Cuña (Grupo Común da Esquerda), y Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) han defendido las enmiendas a la totalidad de sus respectivos grupos parlamentarios.

"Es decepcionante que tardasen tanto para traer una ley con tantas limitaciones", ha incidido Presas, quien ha lamentado que la norma remitida a la Cámara "no supone un salto cualitativo". "El termalismo no merece esta 'trapallada' de procedimiento", ha advertido.

Por su parte, la diputada del Grupo Común da Esquerda ha alertado de que la norma incide en la "desprotección jurídica" y ha añadido que, lejos de "favorecer el bien común", se encamina a impulsar "las fuentes de negocio particular". Además, ha censurado que no otorga "protagonismo" a los ayuntamientos.

En la misma línea, Rodríguez Rumbo ha sentenciado que esta norma "no regula nada que pueda servir para el desarrollo del sector" termal y no está dotada de recursos. También ha censurado que no se ha contado con "la implicación" de los ayuntamientos termales.

Por su parte, el parlamentario Francisco Casal ha subrayado que el Grupo Mixto --que posteriormente se abstuvo en la votación de las enmiendas de totalidad del resto de grupos-- no pide devolver el texto, aún teniendo "muchas carencias", porque espera que "trabajando desde la Cámara" se pueda mejorar. En este sentido, ha hecho votos para que la oferta de diálogo y consenso que formuló Conde sea "real".