Yolanda Díaz denuncia el "fraude de ley" y el "dumping" que sufre el sector automovilístico gallego con Portugal

CC.OO. teme parones en la fábrica de PSA de Vigo debido a la nueva normativa de emisiones

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Yolanda Díaz durante la reunión con trabajadores de la automoción viguesa.

CC.OO. teme parones en la fábrica de PSA de Vigo debido a la nueva normativa de emisiones

La cabeza de lista de Galicia en Común por la provincia de Pontevedra para las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz, ha denunciado este miércoles el "fraude de ley" y el "dumping (competencia desleal)" que, a su juicio, está sufriendo el sector de la automoción en Galicia en comparación con sus competidores de Portugal.

Tras reunirse en Vigo con representantes de los trabajadores de PSA y de la industria de la automoción, Díaz ha asegurado que "es evidente que se está favoreciendo de forma directa e indirecta tanto en términos laborales como de fiscalidad" a Portugal.

En este sentido, ha señalado el "fraude de ley", ya que, según sus datos, se están empleando a trabajadores de un lado y del otro de la frontera con condiciones diferentes por lo que "habría que controlar ese fraude".

También ha indicado que existe una herramienta legal, que es la cooperación entre interadministraciones (Portugal y España), para favorecer que las inspecciones de trabajo actúen en sentido único. "Esto como medidas prudentes, porque habría otras más agresivas respecto de otro país. Lo que está claro es que esto está pasando", ha lamentado Yolanda Díaz.

Por eso ha pedido al Gobierno central que actúe para evitar "la deslocalización" y para defender "sectores estratégicos", como sí hacen, a su juicio, Francia y Alemania, ya que se trata de un sector "precarizado".

CRÍTICAS AL GOBIERNO
La diputada gallega ha criticado que el Gobierno "nunca haga nada" y que "la única política industrial que existe en España sea la que no existe". Así, ha criticado la "falta de previsión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que "de un día para otro cambió su posición" respecto a la situación de los vehículos diésel.

Entre otras reclamaciones, ha pedido que el Estado lleve a cabo la "necesaria planificación" para abordar los cambios tecnológicos y adaptar el país a la directiva europea que afecta "directamente" a la producción de vehículos, que va "camino al vehículo eléctrico". También ha criticado los niveles "ínfimos y vergonzosos" de inversión del Estado en este sentido.

Sobre esta tema también ha hablado el secretario general del Comisiones Obreras (CC.OO.) en PSA Vigo, Santiago García, quien ha lamentado que España "no está preparada para el coche eléctrico". Según él, los vehículos '0 emisiones' son demasiado caros en la actualidad, por lo que las empresas no serán capaces de vender la cantidad de automóviles eléctricos necesarios para no ser sancionados por la Unión Europea.

En el caso de PSA, la compañía ha estimado que debe comercializar el año que viene entre un 7 y un 9 por ciento de vehículos eléctricos para cumplir con la nueva normativa de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2).

Por todo esto, García ha mostrado el "miedo" de los trabajadores, ya que esperan, "según la manera de funcionar de la compañía", que haya paradas en la producción de PSA en Vigo el año que viene (ya que si la empresa no vende ese porcentaje de vehículos eléctricos no podría vender vehículos de combustión, ya que acarrearía sanciones millonarias).

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