El Ayuntamiento de Vigo recurre la anulación del decreto de bomberos por no ver probada la vulneración de derechos

El Ayuntamiento de Vigo ha recurrido las sentencias que anularon el decreto por el que se suspendían los descansos de los bomberos, y ha alegado, entre otras cuestiones, que no ha quedado probada la vulneración de los derechos de estos funcionarios.

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El Ayuntamiento de Vigo ha recurrido las sentencias que anularon el decreto por el que se suspendían los descansos de los bomberos, y ha alegado, entre otras cuestiones, que no ha quedado probada la vulneración de los derechos de estos funcionarios.

Según se recoge en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos municipales han señalado que la sentencia del Contencioso Administrativo número 1 "ocasiona un perjuicio al interés público municipal" e incumple la "regla de valoración de la prueba".

Así, el Ayuntamiento olívico expresa en su escrito que el decreto anulado (aprobado en febrero pasado) proviene de un acuerdo de Junta de Gobierno del año 2010, que es "firme", y en el que se establecía un mínimo de 20 bomberos para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Por otra parte, recuerda que, entre 2011 y 2015, la tasa de reposición de estos funcionarios apenas llegó al 20 por ciento, y ello, sumado a las jubilaciones y otras circunstancias, derivó una escasez de personal en esta plantilla, lo que justifica la suspensión de los descansos.

A ese respecto, ha incidido en que esta medida es "temporal" y está supeditada a la ejecución de las OPEs pendientes, "única forma de paliar" la situación de escasez de efectivos.

Asimismo, el Ayuntamiento subraya que no queda acreditada la vulneración de derechos laborales, o el incumplimiento del convenio municipal. En la misma línea, considera que "no se ha acreditado que se hicieran un total de horas superior a la jornada anual máxima", y que tampoco hay pruebas de que se haya vulnerado el derecho a la conciliación.

Los sindicatos CUT y CIG presentaron una demanda ante el Contencioso Administrativo 1 de Vigo contra ese decreto del Ayuntamiento, y el juzgado estimó sus pretensiones, anulando dicha medida por considerar que había sido impuesta sin negociación, y que vulneraba los derechos de los trabajadores y la normativa sobre salud laboral.

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