#Claves de la semana

​“Los incendios evolucionan; las condiciones laborales no”: 25 meses de lucha de los técnicos de prevención de incendios contra la Xunta

“El trabajo que se realiza tanto en la gestión forestal como en la prevención de incendios forestales es un trabajo en equipo en el que intervienen distintas categorías profesionales y en el que la función del personal técnico es fundamentalmente la de coordinar y gestionar los medios (humanos y materiales) para ofrecer un servicio público lo más eficaz y eficiente posible”, comenta.


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Los técnicos de prevención de incendios irán a la huelga el próximo 1 de agosto después de mantener un pulso durante dos años con el Gobierno de Galicia, “responsable de mantener vivo el conflicto” al no acercar soluciones a sus problemas en este tiempo.


Xabier Bruña, miembro de la CIG, es una de las personas que se encuentra en medio de esas negociaciones que ha empujado al sector a una huelga que tendrá lugar en plena temporada de alto riesgo de incendios. Además, el escenario postconfinamiento ha dejado a Galicia con los deberes a medio hacer en lo que se refiere a la limpieza de los montes, ya que está no se pudo llevar a cabo en su totalidad por la cuarentena. Esto es un riesgo añadido en una lucha, la contra incendios, que este verano andará corta de efectivos.


Incendios

Los técnicos de prevención de incendios inician su huelga el próximo 1 de agosto


Los incendios se han convertido, lamentablemente, en un elemento más del verano gallego. Cada vez más indomables y destructivos, los fuegos en la comunidad representan el 40% a nivel estatal y ronda el 10% en lo referido al continente europeo. En este escenario, el día 1 de agosto comenzará la huelga indefinida de los técnicos de prevención de incendios, encargados de realizar actividades técnicas de coordinación y gestión de la prevención y extinción de incendios forestales, así como actividades técnicas de gestión y control administrativo de la actividad de montes en Galicia, un apartado ni mucho menos menor, sobre todo si tenemos en cuenta que el 15% del territorio gallego se gestiona de forma directa a mayores de las actividades administrativas que requieren las leyes de montes e incendios, como el sector maderero.


No obstante, todo esto no es trabajo para una única categoría, como señala Xabier Bruña, de la CIG, y una de las personas que se encuentra en el tira y afloja entre la Xunta y el sector que los ha empujado a la Huelga. “El trabajo que se realiza tanto en la gestión forestal como en la prevención de incendios forestales es un trabajo en equipo en el que intervienen distintas categorías profesionales y en el que la función del personal técnico es fundamentalmente la de coordinar y gestionar los medios (humanos y materiales) para ofrecerun servicio público lo más eficaz y eficiente posible”, comenta.


“Todo este trabajo se verá afectado de forma significativa si se inicia la huelga en agosto”, agrega, ya que pese a que los servicios mínimos seguirían presentes en tareas urgentes de extinción, el resto de actividades sí sufrirían la huelga. Una huelga motivada por la falta de avances en las negociaciones con la Xunta de Galicia por internar modernizar desde hace ya dos años un servicio con unas condiciones “reguladas en un acuerdo del año 2008”.


25 MESES DE BATALLA

La pelea comenzó en 2018, cuando se pidió la revisión del acuerdo, si bien no fue hasta agosto del año pasado cuando se formó la mesa de negociación. Casi un año después los técnicos no han recibido ninguna oferta, más allá de una extensión transitoria del acuerdo de hace doce años “que corregía pequeñas cuestiones con la intención de que la administración entregase una propuesta organizativa a principios de 2020 que sentase las bases del nuevo acuerdo”. En septiembre se firmó una nueva prórroga de lo acordado en 2008 y, pese a dos intentos en febrero y junio para reactivar la negociación, los pasos en firme nunca se han producido. 


Ante esta situación y después de 25 meses sin tener una respuesta efectiva por parte de la administración y ante la tercera campaña de incendios forestales sin tener una propuesta de nuevo acuerdo de las condiciones de trabajo, la Consellería del Medio Rural los empujó a convocar una huelga en agosto de 2020”, lamentan. En todo este tiempo desde la Xunta solo acercaron “un único párrafo” a finales de junio “párrafo que modificaba parcialmente un aspecto de los reivindicados, pero que tan sólo afectaba a un 15% del personal técnico de incendios forestales”.


“Con esta actitud de no querer presentar nada, las posibilidades de acuerdo fueron nulas y la Xunta de Galicia es la responsable de mantener vivo el conflicto. Supone además un desprecio al trabajo responsable que llevamos haciendo durante años por parte del personal técnico a pesar de tener confinados nuestros derechos”, denuncian los afectados, que mantienen las mismas reivindicaciones del primer día, como que se garanticen los descansos legales establecidos o una regulación del trabajo durante los festivos o descansos compensatorios.


Cuestionado sobre si estas mismas carencias están presentes en otras categorías que componen el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, Bruña comentan que cada una “tiene una regulación específica que fueron mejorando a lo largo de los años”. “En el caso del personal técnico es la que cuenta con una peor situación al no haberse actualizado su acuerdo desde el año 2008”, recuerda. Con estas condiciones los técnicos de guardia realizan guardias de 24 horas, lo que significa que en total realicen aproximadamente 500 horas más de trabajo, con el consecuente riesgo en cuanto a seguridad y salud que supone esa carga extra de trabajo. Por su parte, los jefes de distrito tienen que estar disponible las 24 horas del día los siete días de la semana.


CRISIS DE TÉCNICOS; CRISIS DEL CORONAVIRUS

A la crisis que acosa a los técnicos de prevención de incendios se suma ahora la crisis en la que viven los montes gallegos producto del coronavirus y el estado de alarma, que ha tenido las labores de cuidado y limpieza de los montes totalmente paradas. “Tuvimos una primavera explosiva, a lo que tenemos que añadir que parte de las labores de cuidado y limpieza no se pudieron hacer a tiempo, por lo que la carga de combustible es alta de forma generalizada”, advierten desde la CIG. En esa línea, señalan que una parte de los trabajos planificados en el área de prevención “no se pudieron desarrollar en toda su plenitud”, si bien este retraso “no puede justificar la falta de planificación preventiva y de las actuaciones ligadas que llevan más de una década de retraso”.


Pese a todo, el mayor riesgo siguen siendo los incendios de componente humana, que según las cifras que manejan desde el sindicato causan “el 95% de los incendios forestales”, ya sean por descuido o de forma intencionada. “Desde el plano técnico, muy pocas actuaciones preventivas a nivel social se llevan desarrollado en los últimos años, partiendo que faltan por crear las brigadas de investigación de incendios forestales y los mecanismos para que puedan desarrollar su trabajo”, critica Bruña, a la vez que subraya que estas acciones fueron prometidas después de la oleada de incendios de octubre de 2017.


Precisamente, a raíz de los incendios de 2017 se puso en marcha la 'Comisión Especial No Permanente de Estudio y Análisis das Reformas da Política Forestal', que emitió sus conclusiones  el pasado noviembre, donde ponían el foco en la necesidad de sacar los eucaliptos   improductivos de los montes gallegos, pero también en el cambio climático, que está provocando que Galicia tenga un clima más parecido al de países más cálidos como Grecia y Australia.


Los propios técnicos son conscientes de esta nueva realidad que llevan “años constatando”, lo que les impulsa a pedir “un cambio organizativo para poder afrontar con eficacia y eficiencia esta nueva situación”. “Por ese hecho entendemos que es necesario tener un nuevo acuerdo que regule las condiciones de trabajo con base en la realidad que tenemos implantada y que vino para quedarse”, recalcan desde CIG.



Con estas condiciones, afrontan este cambio de régimen de incendios con “un buen número de medios y personal para afrontar las labores de extinción”, si bien no olvidan que en la última década se han reducido un 25% los apoyos de personal técnico en campañas de alto riesgo. Sin embargo, para ofrecer un mejor servicio sus reclamaciones van orientadas a “una mejor organización para afrontar situaciones 1 y 2 -cuando entran en peligro personas y bienes ajenos al operativo de extinción-, especialmente en los fuegos en interfaz urbano-forestal y en los Grances Incendios Forestales, aquellos que destruyen 500 hectáreas o más.


DEMANDAS AL NUEVO GOBIERNO

Con motivo de los resultados electorales del pasado domingo, los profesionales del sector aprovechan para pedir que el nuevo Gobierno de Galicia los tenga más en cuenta y que “se escuche más a los profesionales que llevan años trabajando en la prevención y extinción de incendios forestales en Galicia”. Además, ven prioritario “modernizar el servicio” y traerlo a la realidad y complejidades existentes en este siglo, lejos del concepto con el que fue concebido en los 90. Si bien entonces la cantidad de incendios era mayor, hoy en día son menos pero más destructivos “con una componente de peligrosidad mayor: fuegos de interfaz, muy virulentos y   con aparición grandes incendios forestales”.


“Esta modernización pasa por una nueva organización a todos los niveles que llegue a las estructuras periféricas de la administración -y en concreto a los distritos forestales- y no solo creando dos direcciones generales a nivel central”, reclama el portavoz de la CIG, a la vez que critica la división de la antigua Dirección Xeral de Montes. Esta entonces, y mientras los técnicos de prevención de incendios no sean escuchados, Galicia puede ser una barra libre para los incendiarios. 

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