El derecho de Alcoa a cerrar su propiedad privada está supeditado al "interés general", presiona el PPdeG

Más actuaciones, por ahora solo verbales, para que los norteamericanos accedan a vender la factoría de San Cibrao y no cierren la parte que fabrica aluminio. 

Industria reclama información a la multinacional sobre su producción y empleo antes de transferirle una subvención de 9 millones.  La líder del Bloque va hasta Cervo para reclamar la nacionalización junto a los trabajadores. Mientras, desde el partido del Gobierno Gallego reconoce que la proviedad privada es un derecho constitucional, supeditado eso sí al "interés general". 

Una imagen de archivo de una pasada manifestación

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha destacado que la Xunta y el Gobierno de España están "comprometidos" a actuar, dentro de "la legalidad", con la "única dirección de hacer recapacitar a Alcoa de forma que sea factible la continuidad de la actividad en San Cribao (Lugo)".

¿APOYARÁN LOS CONSERVADORES LA NACIONALIZACIÓN DE UNA INDUSTRIA?
Preguntado en rueda de prensa por la situación de la venta de la fábrica y su postura sobre una intervención, ha censurado la "actitud incomprensible desde el punto de vista del interés general" que mantiene la multinacional a la que, como ha recordado, se le hicieron distintas propuestas como la posibilidad de venta a un comprador interesado o que la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiriese las instalaciones para después negociar.

Tras recordar el "impacto decisivo" que esta planta tiene sobre la comarca de A Mariña y señalar que es la única que produce aluminio primario en España, ha sostenido que la "Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada" pero que "la propiedad privada siempre está al servicio del interés general".

En este contexto, ha indicado que las autoridades tendrán analizar qué fórmula se ajusta mejor a estos principios para encontrar una salida que permita el mantenimiento de la actividad en la zona.