La democracia borbónica

"El jefe del Estado no puede ni debe comparecer delante del Parlamento porque sería inconstitucional. El rey es una figura neutral políticamente" (Carmen Calvo, Vicepresidenta primera del gobierno de España)

En días pasados volvemos a tener pruebas contundentes de lo que señalaba en algún artículo anterior sobre los déficits que aún esconde la democracia en España. Evidencias muy relevantes, pues devienen de la jefatura del estado que, como tal, forma parte de la cumbre institucional.

En base a las noticias que salieron estos días, ya no hay dudas de que desde hace bastantes años la corona española navega en los mares de la corrupción y el fraude fiscal. Que el anterior jefe de estado finalmente optase por regularizar una parte de su situación fiscal dejó en evidencia que durante su mandato defraudó al erario público y en cantidades nada menores. Las dudas que quedan son de hasta dónde llega el nivel de fraude, durante cuantos años lo practicó y si, dados los precedentes, no estaremos delante de una práctica común en la familia borbónica. Porque de ser así la corona española se habría convertido en un grave problema de estado, en un problema para la convivencia democrática en España.

Ante hechos tan relevantes cabe preguntarse por qué, bien desde el gobierno español bien desde poder judicial, no se mandó a la Agencia Tributaria que investigase la situación fiscal de los miembros de la corona para así despejar cualquier duda sobre su honorabilidad. Como bien subraya Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, "la AEAT tenía, desde 2018, el deber de abrir una inspección al rey emérito, a la vista de los numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios que se desprendían de las conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo publicadas en los medios, así como de las conclusiones de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada (...) Las declaraciones de algunos portavoces de que la AEAT no tenía posibilidad de actuar se pueden considerar como simples excusas, pues la vía de iniciar una inspección tributaria siempre estuvo abierta ya que en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía notificaron al rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales".

Para mayor vergüenza, conviene añadir que el fraude fiscal del rey emérito aparece relacionada con prácticas corruptas y de lavado de dinero negro procedente del cobro de comisiones irregulares. Cobros relacionados, por caso, con el acuerdo entre España y Arabia Saudí para la construcción del AVE a la Meca, por lo que el rey emérito habría percibido una jugosa comisión que finalizaría ingresada en la cuenta de un banco suizo. Una operación cuya investigación llevaría al conocimiento de que Juan Carlos tiene en numerosos paraísos fiscales cuentas cuyos ingresos proceden del cobro de comisiones irregulares que parecen ser una práctica muy frecuente del anterior jefe del estado. Para mayor repulsa democrática, entre las operaciones comisionistas está la venta de armas a Arabia Saudí que esta tiranía está utilizando para masacrar al pueblo yemenita, provocando una gravísima crisis humanitaria.

Caben pocas dudas sobre el enorme daño que este tipo de conductas le hacen la democracia española y la propia convivencia. Un daño que se puede convertir en un cáncer mortal si los poderes que deben garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente no le ponen freno y no actúan en la defensa del estado de derecho. No está de más recordar lo que, por caso, viene de suceder en el país vecino, Francia, con un caso parecido. El que había sido presidente de la República Francesa (2007-2012), Nicolas Sarkozy, fue condenado a tres años por corrupción y tráfico de influencias.

En el artículo anteriormente citado señalaba que no, no podemos afirmar que España sea una democracia avanzada. Aún nos queda mucho camino por recorrer para llegar la ese destino. Un camino que cuenta con muchos baches como estamos comprobando por mor de una monarquía borbónica que se considera omnipotente cuando no deja de ser un anacronismo. Un anacronismo que se está convirtiendo en un problema cada vez más grande para la democracia en España. Un problema que es político, no judicial.