La necesaria reforma del Estatuto

El pasado martes, 6 de abril, se cumplieron cuarenta (40) años de la promulgación del Estatuto de Autonomía que reconocía políticamente, a través de una ley orgánica, a Galicia como “una nacionalidad histórica”. El largo tiempo transcurrido y las experiencias acumuladas permiten avanzar oportunas conclusiones entre las que ocupa un lugar no menor la de que el estatuto gallego vigente demanda una pronta reforma. Una proposición que se apoya en varias evidencias.

En una democracia consolidada la superestructura político-jurídica debe permitir dar respuesta, independientemente de la opción política que gobierne, a las necesidades reales del país y de sus ciudadanos (económicas, sociales, culturales, territoriales…). Resulta indiscutible que la Galicia del 2021, como España y Europa, es muy diferente y tiene necesidades muy distintas (con total seguridad que mayores) que la Galicia de 1.981.

Estos cuarenta años también sirvieron para comprobar cómo la marcha de la economía del país, la gestión de los problemas diarios, la resolución de los inevitables conflictos sociales, la cobertura de las necesidades mayoritarias, la atención de las demandas ciudadanas, el propio ejercicio de la democracia, dieron lugar a numerosos conflictos y choques entre las diferentes instituciones como, por caso, entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, pero también entre aquella y las instituciones locales propias como los Ayuntamientos y las Diputaciones. Si bien es cierto que, en demasiados casos, estos choques respondieron a razones partidistas, no lo es menos que muchos son fruto de un deficiente encaje institucional y de una concurrencia competencial.

Galicia no puede quedar al margen de los grandes cambios políticos habidos en las últimas décadas, por caso, en Europa. Cambios que ponen en evidencia cómo Galicia no parece ser quien de evitar el creciente e intenso proceso de centralización que acompaña a la mundialización capitalista y que genera niveles de desigualdad social y desequilibrio territorial prácticamente desconocidos. Desigualdades y desequilibrios cuya superación pone en el foco en la necesidad de mayores dosis de soberanía para comunidades y ayuntamientos que ven, por caso, como avanzan imparables la emigración de la población joven y la despoblación de cada vez más zonas rurales por falta de oportunidades y servicios.

Hay más argumentos y de muy distinta naturaleza para reivindicar con justicia tanto una reforma del actual estatuto de autonomía de Galicia como la introducción de esa reforma en el calendario político post-covid. Desgraciadamente, las declaraciones de los principales dirigentes de las fuerzas parlamentarias (PPdeG, BNG y PsdG-PSOE), dejando a cielo abierto importantes divergencias tanto en contenidos como en tiempos políticos, nos hacen pensar que los intereses partidarios, como sucedió en el anterior intento de reforma estatutaria (2005), volverán a impedir que se avance en la necesaria reforma del actual estatuto de autonomía de Galicia.