La Xunta reitera que el Estado usa criterios sin base científica para incluir al lobo en la lista de protección especial

La Xunta de Galicia ha advertido al Gobierno central se sirve de "criterios sin base científica, ni técnica y poco rigurosos" para cerrar la inclusión del lobo en el 'Listado de especies silvestres en régimen de protección especial' (Lesrpe), decisión pendiente del dictamen definitivo del Consejo del Estado.

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Archivo - Ejemplar de Lobo Ibérico.

La Xunta de Galicia ha advertido al Gobierno central se sirve de "criterios sin base científica, ni técnica y poco rigurosos" para cerrar la inclusión del lobo en el 'Listado de especies silvestres en régimen de protección especial' (Lesrpe), decisión pendiente del dictamen definitivo del Consejo del Estado.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda remitió alegaciones esta semana al informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras un requerimiento solicitado por el Consejo de Estado para justificar la inclusión de esta especie en el listado.

La Xunta recuerda que este órgano consultivo trasladó en julio al Ministerio "sus dudas al respecto de que el aumento de la protección del lobo esté justificada en los términos que propone", motivo por el que solicitó un informe más pormenorizado al Gobierno central.

Durante el período de audiencia, la Xunta solicitó acceso a la documentación aportada por el Ejecutivo con el fin de que los servicios técnicos y jurídicos de la Consellería analizasen la nueva argumentación.

Sin embargo, advierte de que el Ministerio "no aporta ninguna novedad" en términos generales en esta última memoria justificativa con respecto de la argumentación con la que justificó esta decisión.

Además, insiste en que Gobierno central considera que el estado de conservación del lobo es desfavorable "apoyándose en un informe sexenal (2013-2018) carente de precisión, dado que fue elaborado de forma unilateral" por el propio Ministerio "sin tener en cuenta los datos técnicos y objetivos" aportados por la comunidad y la información del censo poblacional de 2015.

El departamento autonómico recuerda, además, que el Consejo de Estado indicaba en su requerimiento que el Ministerio debía concretar las razones por las que si procede la entrada en vigor de manera inmediata de la orden y completar el análisis sobre el impacto económico de la norma.

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