La Xunta presenta al Gobierno un proyecto pionero para reforzar servicios a familias con menores en situación de pobreza

La propuesta cuenta con un presupuesto de 10 millones y las familias destinatarias serán principalmente monoparentales y numerosas

El Gobierno gallego ha presentado un proyecto piloto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de "reforzar" los servicios de acompañamiento e inclusión sociolaboral para las familias con menores en situación de pobreza o con riesgo de padecerla.

La iniciativa, pendiente de aprobación, prevé un presupuesto de más de 10 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio.

El documento presentado propone trabajar con más de 1.000 familias para ayudar en la "conciliación" y facilitar el acceso al mercado laboral.

Las familias destinarias de las ayudas serán, principalmente, aquellas receptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), con "especial atención" a familias numerosas y monoparentales por tener un "mayor" riesgo de exclusión por su propia configuración, según asegura la Xunta en un comunicado.

MEDIDAS Y DURACIÓN
En concreto, entre las medidas de este proyecto destacan actividades de refuerzo escolar, ayudas para pagar la renta o los gastos médicos, así como intermediación empresarial, entre otras.

Asimismo, el Gobierno gallego afirma que la iniciativa se desarrollará en todas las provincias gallegas pero con "especial intensidad" en las siete grandes ciudades gallegas debido a que son las zonas donde se concentran "la mayoría de personas destinatarias".

Otro de los objetivos es lograr la "inclusión territorial", con el foco puesto en las zonas rurales. En este sentido, el documento elaborado por la Xunta ha destacado la "importancia" de que los padres se impliquen, puesto que el proyecto prevé poner a disposición de las familias "iniciativas individualizadas" para conseguir la "integración social" de los niños.

La duración propuesta para llevarlo a cabo es de 18 meses, con inicio en el primer trimestre de 2022 y final en el tercer trimestre de 2023. El plan se llevará a cabo coordinado con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y contará con un sistema de evaluación "intensiva" con el fin de realizar los "ajustes necesarios" en las medidas.