Los cazadores recurrirán ante la Audiencia Nacional la orden que prohíbe cazar el lobo en toda España

La Real Federación Española de Caza va a interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Audiencia Nacional contra la orden por la que se modifica el anexo en el que se incluye al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas, lo que en la práctica prohíbe su caza en toda España.

Así lo ha anunciado la organización, que considera que no hay criterios científicos, censos actualizados o una estrategia de conservación y gestión que avalen la necesidad de esta especial protección.

"Amparándose en supuestos criterios científicos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a eliminar, por simple ideología anticaza, los distintos planes de gestión del lobo que están permitiendo recuperar sus poblaciones y su convivencia con la ganadería extensiva", denuncian.

Además, recalcan que la protección de la especie que se lleva aplicando desde 1992 al sur del Duero "no ha funcionado" ya que, a su juicio, lejos de permitir crecer las poblaciones, prácticamente han desaparecido.

Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, "este es un capítulo más de la hoja de ruta que tiene el MITECO para intentar acabar con la caza". "Una vez más, desde el Gobierno se anteponen los deseos de ecologistas y animalistas de salón al desarrollo del mundo rural, que se verá sentenciado en un futuro muy próximo si el Gobierno continúa con su deriva pseudoecologista y anticaza", lamentan.

Por ello, pide al Gobierno "que se ponga a trabajar para conocer la situación real de la especie y después, tome decisiones". De este modo, la entidad federativa entiende esta prohibición como un "nuevo ataque" contra la caza, la ganadería y todo el mundo rural.

Finalmente, denuncia la "dejación absoluta" de funciones por parte del Estado, que lleva sin actualizar desde el año 2005 una estrategia de conservación y gestión del lobo que "debería revisarse, como mucho, cada 10 años". Además, se desconoce la situación real de las poblaciones al no realizarse censos poblacionales desde el año 2014.

"Esta ausencia de control demuestra la falta de criterios y razones científicas para justificar una medida que no ha contado con la participación de ganaderos, representantes del sector cinegético, la comunidad científica o las propias CC.AA. que llevan años gestionando el lobo", concluyen.