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El TSXG ratifica que Xunta y Ayuntamiento deben cofinanciar los centros de día públicos en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que vuelve a dar la razón al Ejecutivo autonómico, al desestimar un recurso presentado por el Ayuntamiento y ratificar que ambas administraciones deben cofinanciar los centros de día públicos en Vigo.

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que vuelve a dar la razón al Ejecutivo autonómico, al desestimar un recurso presentado por el Ayuntamiento y ratificar que ambas administraciones deben cofinanciar los centros de día públicos en Vigo.

La Xunta resalta que el alto tribunal apoya que se trata de un servicio de carácter local cuya gestión asumió el Consorcio a instancias del propio ayuntamiento, mediante fórmulas de cooperación interadministrativa. El importe debido ascendería así a 815.000 euros.

En concreto, el fallo remarca que se trata "de un servicio de carácter local cuya gestión fue asumida por el citado Consorcio, al amparo del artículo 6 de sus estatutos, siendo la voluntad del Ayuntamiento demandante que la gestión se realizase a través de tal Consorcio, al que se incorporó voluntariamente".

"Y del mismo modo voluntario decidió que fuese el Consorcio quien gestionase sus centros de día, articulándose tal colaboración mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración, para su gestión en el caso de los centros de día de Coia y Teis y para la construcción del centro de Valadares", agrega.

NO VE CAUSAS DE "NULIDAD"
Asimismo, el fallo judicial hace constar que la conclusión del análisis de la normativa expuesta "no puede ser otra que la de que las liquidaciones giradas por la Xunta de Galicia no incurren en las causas de nulidad denunciadas por el Ayuntamiento de Vigo".

Argumenta que "se trata de asumir la financiación de unos servicios atribuidos por la legislación autonómica a los entes locales y para cuya prestación se optó por fórmulas de cooperación".

También ve "improcedente" plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

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