La Ley de gestión integral del agua permitirá ahorros de hasta el 10% en la prestación de servicios

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade señala además que la nueva norma hace "más viable" la contratación de técnicos especialistas

La Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua impulsada por la Xunta permitirá, según han señalado, ahorros de alrededor del 10% en la prestación de los servicios con la gestión agrupada de las infraestructuras hidráulicas y con la aplicación de economías de escala.

Según ha explicado la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en un comunicado, el sistema agrupado de gestión de las infraestructuras de abastecimiento o depuración que posibilita la nueva normativa de la Xunta "redundará en una mayor eficiencia, coordinación y equidad en su mantenimiento y conservación, al permitir agrupar la gestión de instalaciones hidráulicas en función de su cercanía y aprovechar la economía de escala".

Esa mayor eficacia en la gestión, apuntan, vendrá dada "por la sinergia que se consigue con la disponibilidad de materiales y de repuestos, equipos auxiliares o personal de las instalaciones hidráulicas que se gestionen de manera integrada".

Otra ventaja indicada por el Gobierno autonómico es la reducción de los costes, "derivados de la optimización de materiales, equipos y personal y de la reducción de los precios de compra de los materiales suministrados".

Además, este tipo de gestión también hace "más viable y asumible" la contratación de técnicos especialistas, "logrando una gestión más profesionalizada de las infraestructuras hidráulicas". En este sentido, la Consellería ha recordado que la necesidad de personal es "uno de los aspectos clave y primordial en la gestión de las infraestructuras hidráulicas", ya que este tipo de instalaciones precisan de unaatención continuada las 24 horas del día.

RESPUESTA A LAS PETICIONES MUNICIPALES
La Xunta ha ejemplificado las ventajas de la nueva norma con la gestión conjunta que, desde julio de 2015, realiza el Ejecutivo gallego de las depuradoras de la Illa de Arousa, Meaño y Ribadumia.

"Si se comparan los costes reales que suponía explotar cada una de estas instalaciones de manera individual con los costes que implica sugestión conjunta, se constata un ahorro de un 10,5% en costes fijos y de un 7% en costes variables: una reducción de costes de 120.000 euros al año frente a la gestión individualizada", ha explicado Infraestruturas.

Por otra parte, han remarcado que la ley "pretende dar respuesta" a las solicitudes de apoyo que los ayuntamientos le trasladan "de formacontinua", ante las dificultades, "contrastadas", para ejercer sus responsabilidades de saneamiento, depuración y abastecimiento y garantizar la prestación de un bueno servicio del agua a sus vecinos.

Augas de Galicia gestiona actualmente 28 depuradoras municipales y, con la nueva ley, "podrán regular, ampliar y extender a los ayuntamientos gallegos en sus competencias". Todos aquellos municipios que lo soliciten, de manera totalmente opcional y voluntario, podrán acogerse a este modelo de colaboración, han afirmado.