¿Subirá el recibo con la nueva Ley de Agua? PP, PSOE y BNG coinciden en que hay un problema y disienten en cómo solventarlo

La nueva Ley de Agua de Galicia va camino de convertirse en una de las próximas polémicas sociales. Los partidos llevan ya meses enzarzados tras conocerse el Anteproyecto de  la Xunta. El foco de la discusión está en quién debe pagar unas mejoras que todos ven necesarias.

El Anteproyecto, que aun no ha entrado en el Parlamento, ya ha generado mucha controversia entre la Xunta, la FEGAMP y los concellos y, además, tampoco deja indiferente al sector. Es más, se han presentado numerosas alegaciones, por lo que parecería lógico buscar un consenso de fondo en un tema estratégico.

Galiciapress dialoga con Diego Calvo (PP), Luis Bará (BNG) y Pablo Arangüena (PSOE) sobre cómo afrontar una cuestión clave en un horizonte de cambio climático y calentamiento global. 

Fotomontaje de Pablo Arangüena Diego Calvo y Luis Bará 

PARTIDO POPULAR

Desde el PPdeG enarbolan un "enfoque distinto", más amplio que el debate de los costes, poniendo énfasis en que la competencia sobre las traídas es municipal, aunque  las diputaciones pueden auxiliar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

El diputado Diego Calvo explica que hay un mal funcionamiento de los sistemas de depuración y abastecimiento, con pérdidas y problemas en la depuración cuando hay fuertes lluvia e incluso por agua del mar. Ante estas dificultades, la Xunta lleva años ayudando, pero el PP entiende que es necesario hacer ya más auditorías a los sistemas. 

"Si hay todas estas deficiencias, que son habituales, lo que deberíamos hacer en todos los concellos -y no solo en los del PP, porque todos las tienen- son cosas tan básicas como poner unos contadores para medir cuánta agua se pierde o ver si la depuradora consume más luz de la necesaria", explica.

El parlamentario dice que Aguas de Galicia, el ente de la Xunta, puede asumir esa labor y, de hecho, hay ayudas para financiar las auditorías. Eso sí, la forma de financiar el sistema "debe cambiarse" para no perpetuar, por ejemplo,pérdidas 50% del líquido.  

La directiva de la UE obliga a que todos los servicios públicos se financien de acuerdo a su coste real y Calvo estima que en el país hay cientos de ayuntamientos donde no se está pagando.  

Sobre la polémica con la FEGAMP, Calvo la achaca a un cálculo erróneo de sus técnicos, que dice estimaron que un municipio como Villagarcía -ayuntamiento del presidente del ente supramunicipal, del PSdeG- tendría que subir el recibo hasta un 60% cuando la subida real sería de unos c éntimos.  

Calvo admite que hay ayuntamientos donde subiría más de 60 céntimos, pues sería necesario hacer el cálculo en cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus particularidades. Así, por ejemplo, la factura en Vilagarcía ya incluye unos conceptos previstos en el Anteproyecto, costes que están ausentes en el recibo de otros lugares.

Desde una perspectiva política, el también presidente del PP de A Coruña ve "normal" la preocupación que cunde entre los alcaldes y recuerda que la Xunta amplió los plazos de alegaciones.  

Calvo (PP): "Si cuando el Anteproyecto entre en el Parlamento hay enmiendas constructivas, se van a incorporar (..) porque el problema es de todos, no solo de los ayuntamientos del PP o del PSOE"

El PPdeG se muestra dispuesto a negociar pero pide que la oposición abandone un discurso que ve destructivo, el de "no porque no", centrado dice  solo en decir que la Xunta va a forzar la subida del recibo del agua.  

"Si cuando el Anteproyecto entre en el Parlamento hay enmiendas constructivas, se van a incorporar (..) porque el problema es de todos, no solo de los ayuntamientos del PP o del PSOE", insiste antes de criticar el gesto de Ana Pontón, cuando mostró un vaso de agua en el Pleno del Parlamento para decir que San Caetano iba incrementar su precio un 60%. 

En cuanto a la financiación, explica que  "podemos mirar para otro lado, porque la Xunta non tiene competencias en saneamiento, o  poner algo entre todos". 

Los conservadores están abiertos a negociar qué porcentajes asumirá cada administración y de paso, recuerda que la Xunta ha aportado miles de millones de euros al saneamiento de las rías y aún hoy asume la gestión de bastantes estaciones de depuraciones de aguas, EDAR, como, por ejemplo, la de Pontevedra. 

Calvo se muestra contrario, en todo caso, a aplazar la reforma hasta después de las elecciones municipales. El político alega que "siempre hay unas elecciones a la vuelta de la esquina", sean locales o de otro ámbito mayor. 

Por eso anima a "hablar en serio", pero les recuerda que la propuesta de la Xunta para centralizar algunas labores es voluntaria.  Es decir, ningún ayuntamiento deberá incorporarse al nuevo sistema; aunque claro, de no hacerlo, no dispondrán de los medios y la financiación que aportaría la Xunta, dispuesta a coger el toro por los cuernos y homogeneizar  la gestión.

BLOQUE NACIONALISTA

Desde el BNG piden la retirada para establecer un proceso de diálogo más amplio, sobre el ciclo del agua, para lograr una "estructura común" para toda Galicia. De hecho, los nacionalistas ya presentaron una Proposición no de Ley en este sentido, que tumbó el PP.   "Un problema de tal magnitud   no  se va  resolver con una ley impuesta, tiene que haber un gran diálogo", insiste el diputado Luis Bará. 

Bará explica que es necesario disponer antes de un  Plan Galego de Saneamento  y de Abastecemento. El diputado recuerda que ese Plan aún está en la primera fase de diagnosis. El político estima que es imposible resolver el asunto por la vía rápida, en dos o tres años.

El BNG pide aclarar antes los criterios ye las fórmulas para financiar las obras. El Bloque disiente con el PP cuando los conservadores dicen que la competencia sobre los "gravísimos problemas" es solo municipal. Bará recuerda que la Xunta gestiona 28 EDAR y que durante años "estuvo haciendo inversiones equivocadas y ahora la Xunta intenta culpar a los concellos". 

Sobre los costes, Bará indica que la Xunta y la FEGAMP no se ponen de acuerdo sobre cuánto pero parece claro que el recibo va subir, aunque haya ayuntamientos, como Vilagarcía, donde la alza sea modesta, al ya contemplar el recibo algunos conceptos previstos en el Anteproyecto.

Bará (BNG): "Vamos a un escenario de mucho conflicto en vísperas de las elecciones municipales, esperamos que la Xunta le ponga el freno"

El Bloque argumenta que un diálogo más pausado permitiría buscar financiación europea para cumplir obligaciones como reducir las fugas a menos del 20% del caudal. Frente a esto, acusa al PP de "construir la casa empezando por el tejado" y querer resucitar la idea de la "SOGAMA del agua". 

En cuanto a los plazos, Bará estima que en el "cauce normal" el texto entraría en el Parlamento a mediados de 2022 o en el segundo semestre. En todo caso, antes de las elecciones locales de 2.023. 

"Vamos a un escenario de mucho conflicto en vísperas de las elecciones municipales, esperamos que la Xunta le ponga el freno", advierte el nacionalista. Bará critica al Gobierno de Feijóo porque  "no está dando señales de querer dialogar en un asunto en el que debería no debería haber muchas diferencias ideológicas, ya que en el diagnóstico básicamente coincidimos".  

PARTIDO SOCIALISTA

Desde el PSdeG se quejan de la supuesta falta de transparencia de la Xunta, sobre todo en un punto clave, las cuentas. El diputado Pablo Arangüena explica que por ahora se desconoce la memoria económica. Sí se sabe que hay 9 factores que los ayuntamientos habrán de cumplir y que, en teoría, implican más costes.

El parlamentario socialista explica que los municipios deberán o asumir esos costes o repercutirlos a los ciudadanos, es decir, subir la factura del agua. Una cuestión peliaguda para cualquier alcalde, especialmente cuando las próximas elecciones son unas municipales.

Arangüena (PSOE): "La Xunta debe sentarse con los ayuntamientos y no imponerles un trágala"

Ante esto, Arangüena reclama a la Xunta "sentarse con los ayuntamientos y no imponerles un trágala". El  diputado pide también que se negocie con las diputaciones, pues argumenta que en muchos casos son los entes provinciales los que financian las obras.

El PSOE no niega que sea necesario una mejora legislativa, la ve "necesaria" ante la falta o "deficiente" armonización actual.  Sin embargo, insiste en que la Xunta y el PP no deben legislar sin tener en cuenta a otras administraciones porque argumentan que es un tema con competencias compartidas. Aunque el abastecimiento dependa de los municipios, la Xunta debería ser la responsable de las grandes obras y es la que controla las leyes medioambientales, razonan. 

Argangüena denuncia que la Xunta "impone un aumento de obligaciones" sin atender al auxilio financiero que piden los ayuntamientos. Por ejemplo, el anteproyecto contempla "un nuevo tributo que será una carga adicional a la factura, en un contexto en el que los ayuntamientos deberían revisar las tarifas para hacer frente aldéficit de inversión, la subida del precio de la energía y  del coste de los suministros".

Sin duda la subida de costes será quid de la cuestión cuando se desate la precampaña para las elecciones municipales. Sobre todo quién los asume; ¿la Xunta, como pide la FEGAMP ,  los ayuntamientos como parece que implica el anteproyecto  o los ciudadanos mediante un recibo más caro?.

PLAZOS E IMPACTO ELECTORAL

El PSdeG estima que el nuevo texto debería estar listo antes del próximo verano aunque, lógicamente, todo depende del nivel de negociación real que la mayoría conservadora esté dispuesta a encarar. 

Los comicios municipales serán en mayo de 2023. La lógica indica que, en teoría, si hay subida de costes, al PP y a muchos alcaldes de todos los partidos les conviene terminar la reforma antes de que empiece la precampaña. Logicamente, nadie quiere que la opinión pública los perciba como los autores de una eventual subida del recibo.