El peligroso cambio de rol de la policía

La derogación de la Ley Ciudadana dinamitará definitivamente el principio de autoridad, transmitiendo el peligroso mensaje a la ciudadanía de impunidad de los delincuentes, allanando también el camino a los terroristas urbanos

Los Policías llevamos reivindicando, a lo largo de la historia moderna, una protección legislativa acorde a la dificultad que acarrea la función policial, incorporando a la hoja de necesidades la modificación del artículo 42 del Código Penal, con la misión de evitar que un error profesional llegase a suponer la expulsión del Cuerpo, graduando así la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, la cual a día de hoy, produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere. Esta circunstancia oprime a los funcionarios policiales y provoca que, antes de llevar a efecto una intervención totalmente justificada, se sopese enormemente la posibilidad de cometer un desliz que tenga consecuencias fatales en la carrera.

Nos encontramos en un escenario en el que, con la vuelta a la normalidad, la apertura del ocio nocturno y la celebración del resto de actividades, se está constatando un incremento de la delincuencia. Las intervenciones policiales se están volviendo cada vez más complejas y las agresiones hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van en aumento. En 2020 los atentados contra agentes de la autoridad crecieron un 24% según los datos de Secretaría de Estado de Seguridad. En 2021 las cifras son todavía más alarmantes con 6.303 ataques entre enero y agosto, lo que supone unos 26 delitos al día contra agentes de la autoridad. Esta desprotección legal e institucional provocó, a raíz de las últimas agresiones contra Policías Nacionales, que se convocasen concentraciones en todas las dependencias de España para reclamar un mayor respaldo en el desempeño de sus funciones.

Recientemente, los dos partidos del Gobierno han llegado a un acuerdo para derogar la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Tras constituirse la ponencia para la nueva ley, los trabajos se reanudarán a principios del año 2022. Para combatir las formas y el fondo de esta reforma, se ha creado la Plataforma “NO A LA ESPAÑA INSEGURA”, que aglutina a más de 40 sindicatos y asociaciones y tratará de frenar o suavizar el atropello que suponen los términos de la nueva ley, que dinamitará definitivamente el principio de autoridad, transmitiendo el peligroso mensaje a la ciudadanía de impunidad de los delincuentes, allanando también el camino a los terroristas urbanos y ejerciendo un cambio de rol entre la Policía y los violentos que perjudicará a los ciudadanos de bien.