La decepción del Concurso General

Roberto González

Roberto González es secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia.

Monumental enfado entre los desplazados gallegos de la Policía Nacional. Como cada año los funcionarios de este Cuerpo aguardan ansiosos el concurso de traslados. Entre los aspirantes a conseguir una plaza en las comisarías gallegas se encuentran cientos de agentes destinados fuera de la comunidad autónoma durante más de una década. Dichos funcionarios y no solamente ellos, también los ya destinados en Galicia, han valorado con decepción e indignación el número de plazas ofertado recientemente para nuestra tierra. En la actualidad, en las ya mermadas dependencias gallegas, se cuenta con un déficit de 640 policías, convocando tan solo 140 plazas de Escala Básica y Subinspección, lo que compromete seriamente el buen funcionamiento del servicio por la falta de recursos humanos e incluso afecta directamente a la seguridad de los propios agentes al no contar con un número adecuado de efectivos para determinados servicios, en los cuales un funcionario debe realizar el trabajo solo, cuando las características del puesto exigen la presencia de, al menos, un binomio.


Además, en el presente año saldrán a la calle 3.200 nuevos policías, que actualmente se encuentran en el período de formación práctica, a los cuales supuestamente les serán ofertadas las vacantes resultantes de este concurso de traslados. Digo supuestamente ya que ese número no coincide con el de plazas ofertadas para traslados a los agentes más veteranos, que es de 2.643, no entendiéndose dicha diferencia.


Los policías además se ven perjudicados en el número de plazas en un año en el que la Seguridad es clave para la celebración en 2021 del Xacobeo, convirtiéndose la comunidad gallega, en una de las más difíciles de conseguir una de estas plazas y con lo que ello conlleva para los agentes y sus familiares a nivel personal y de conciliación.


Otra de las quejas entre el colectivo policial es la Orden de 5 de octubre de 1989 por la que se establece del sistema de baremo para estos concursos, puesto que es una instrucción de más de 30 años, que nada tiene que ver con las actuales necesidades de los agentes y funciones que realizan. En este sentido urge una profunda reflexión sobre la falta de transparencia del proceso de adjudicación de las recompensas profesionales que oscilan entre los 0,10 y los 10 puntos.

Esta situación condena a los agentes a tomar duras decisiones, ya que ante la imposibilidad de conseguir plaza en comisarías como Pontevedra, A Coruña, Ourense o Lugo, las cuales actualmente requieren un baremo muy alto, deben elegir entre acercarse a sus familias escogiendo otras dependencias y con una considerable retracción de puntos para futuros concursos permaneciendo más años a ciertos de kilómetros de su tierra.


Y es que muchos policías ven sus vidas y las de sus familias marcadas por estos concursos, perpetuándose en el tiempo este sistema de provisión de puestos de trabajo sin que la Administración haga nada por mejorarlo, máxime cuando existen en esta Institución otras formas de adjudicación, que no conllevan merma alguna de puntos creándose así una desigualdad entre funcionarios de similar antigüedad ante un futuro movimiento.


Lo más significativo es que a las puertas del próximo año 2021, las autoridades competentes dejan desprovista a la población gallega de efectivos suficientes que garanticen el libre ejercicio de sus derechos y libertades y la Seguridad Ciudadana, lo que obedece a diferentes intereses.

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