¿Es insostenible el sistema público de pensiones?

Manoel Barbeitos
Economista

El argumento más utilizado por los negacionistas del sistema público de pensiones es el relacionado con la evolución de la pirámide demográfica de la población española, la esperanza media de vida y la natalidad. Una evolución que llevaría a que el número de beneficiarios y beneficiarias crezca a mayor velocidad que el de cotizantes, lo que estaría disparando el gasto muy por encima de los ingresos, incrementando el déficit y haciendo insostenible el sistema. Un argumento que oculta varias realidades.


La primera es que si bien es cierto que crece la esperanza media de vida, esto no implica que lo haga a igual velocidad al número de personas posibles beneficiarias de las pensiones públicas. Así, por caso, si analizamos la evolución de la población española en el presente siglo (2000-2020) encontramos las siguientes evidencias empíricas. En primer lugar que el número de activos crece el doble que el de mayores de 65 años. Segundo, que la relación entre los activos y los mayores de 65 años tiene una caída apenas relevante (0,01% anual). Datos ambos que confirman rotundamente que no hay, de  ninguna manera, un problema demográfico que, de haberlo, es de empleos.


La segunda realidad que los negacionistas ocultan es que los ingresos del sistema público de pensiones dependen tanto del número de cotizantes (empleos) como de las bases de cotización (salarios). Que los salarios deberían estar relacionados con la evolución de la productividad de la economía (la riqueza) que en lo que va de siglo XXI se incrementó en un 145%. Un incremento de productividad que se produce al tiempo que los salarios pierden peso en la riqueza global (cayeron 1,5 puntos) lo que indica que las ganancias derivadas de los incrementos de la productividad van a las rentas de capital. El problema luego, de haberlo, está en los salarios y en las cotizaciones por parte de los empresarios.


Empleos, salarios y cotizaciones que dependen de las políticas públicas. No cabe la menor duda de que son las políticas públicas neoliberales aplicadas en las últimas décadas, con bajos salarios, empleos precarios y rebajas en las cotizaciones empresarias, quienes están debilitando el sistema público de pensiones. No es, por tanto, un problema demográfico, sino político.


Otra realidad, no menor, es la que hace referencia al gasto público en pensiones.  A pesar del fuerte incremento habido en las últimas décadas, España sigue siendo uno de los estados de la eurozona (UEM) que tiene un gasto por debajo de la media (12% PIB frente a una media en la UEM del 13,2%, un 15% en Francia, un 13,4% en Italia, un 13,5% en Portugal,  o un 12,5% en Alemania). No es verdad, por tanto, que el gasto público sea excesivo y que no haya recursos públicos para mantener el sistema: España no solo cuenta con los suficientes recursos para mantener el actual sistema sino incluso para mejorarlo. Por caso, los cálculos que se están manejando de la evolución del gasto en España apuntan a un 15% del PIB en el 2050 (!!!) que seguirá estando por debajo del que hoy en día dedican no pocos estados de la eurozona. Delante de estas evidencias cabe preguntarse, ¿por qué España no puede dedicar los mismos recursos públicos las pensiones que los estados europeos de nuestro entorno? ¿Si dedicase el mismo porcentaje al tiempo que crece la riqueza no habría también más recursos públicos para las pagas pensiones?


No menos relevante resulta señalar que si, hoy por hoy, las pensiones se financian con las cotizaciones, ¿qué impide que en el futuro, y tal como sucede en varios estados europeos, no se financien complementariamente con algún tipo de impuesto extraordinario como, por caso, una tasa las grandes fortunas y patrimonios cuya riqueza no para de crecer?


Finalmente resulta oportuno subrayar que los negacionistas que sostienen la inviabilidad del sistema público de pensiones son los mismos que defienden los sistemas privados de capitalización. El argumento es que estos planes de ahorro privados serían más seguros y rentables que el sistema público algo que las evidencias de los últimos años, con las crisis financieras  sistémicas, desmienten rotundamente.


Por todas estas razones está muy claro que estamos delante de una decisión política, no demográfica o financiera. Que el mantenimiento, o no, de un sistema público de pensiones en España depende exclusivamente de decisiones políticas como subrayaba en el artículo anterior. Decisiones políticas que derivan de opciones ideológicas que no de razones científicas.

1 Comentarios

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Muy optimista veo a Manoel en el país con mayor paro y precariedad de Europa, ademas con la menor natalidad y con unos impuestos crecientes que conducen a mayor paro y precariedad y menor natalidad

escrito por Manuel 01/dic/21    13:22

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