La justicia de los peces

Manoel Barbeitos
Economista

"La justicia emana del pueblo..." (Art. 117 C.E.) 


A pesar de las escasas semanas transcurridas del nuevo año 2022 ya tenemos pruebas contundentes de que un sector muy relevante del poder judicial con fuerte presencia en prácticamente todos los órganos judiciales (CGPJ, TS, TC, Juzgados de Instrucción...) piensa seguir con su campaña de acoso y derribo de Unidas Podemos. Una estrategia que tiene como objetivo político hacer caer el gobierno actual (UP/PSOE) para sustituirlo por otro que ponga en práctica políticas más favorables a las derechas españolas, las rentas del capital.


Estamos, por tanto, ante un comportamiento claramente antidemocrático que llega tanto a cuestionar el papel del Parlamento en la democracia española como la legitimidad de un Gobierno y de unos cargos políticos (diputados, alcaldes, concejales...) elegidos por voto popular.


En relación al actual gobierno, recordemos que fue votado democráticamente por una mayoría del Parlamento español, lo que certifica la indiscutible legitimidad del mismo. He ahí la anomalía democrática del comportamiento de este colectivo ultra de magistrados cuando parecen querer situarse por encima de un poder ejecutivo (Art. 97 C.Y.) que disfruta de la confianza mayoritaria del Parlamento (Art. 99 C.Y.), algo que en democracia no es admisible. No puede aceptarse, por caso, el intento por parte del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) de echar abajo una Ley devivienda que intenta paliar la emergencia habitacional y sentar las bases para que todos podamos disfrutar de una vivienda digna e idónea a la que tenemos derecho (Art. 47 C.Y.). Una acción de estos magistrados que supone además un nuevo caso de injerencia del poder judicial en funciones que les corresponden a los poder ejecutivo y legislativo. Una injerencia que refleja una clara toma de posición del CGPJ a favor de los intereses de los fondos de inversión que con esta ley ven reducidas notablemente sus posibilidades de especular en el mercado inmobiliario.


En relación a legitimidad de los cargos políticos, tampoco es aceptable en una democracia que un diputado que fue elegido por voluntad popular pueda ser privado de sus derechos (Art. 71.  C.Y.). Lo sucedido con el exdiputado de UP, AlbertoRodriguez, expulsado de su cargo de diputado electo por presiones, nada más y nada menos, que del Tribunal Supremo, tras ser condenado a un mes y medio de prisión por supuestamente tener propinada una patada a un policía pasará a los anales de la democracia española como un acto judicial y político vergonzoso: "una monstruosidad, una salvajada jurídica...una muestra de la putrefacción de la política española" en palabras del catedrático de Derecho constitucional, Javier Pérez Royo, para quien "la condena del Supremo no comporta una inhabilitación para la carrera pública sino que es para el ejercicio directo del sufragio pasivo, dos cosas diferentes". El diputado sería expulsado de su cargo a pesar de la opinión en contra del cuerpo de letrados del Congreso que defendían que no había razones para que aquel perdiese su cargo. "La decisión de la presidenta del Congreso, dejándose presionar por el Tribunal Supremo, es también una humillación para los letrados del Congreso" (J. P. R.)


Son también frecuentes los casos en los que el poder judicial muestra una clara antipatía hacia cargos locales que se mueven en la órbita de UP. La nueva querella judicial, en este caso por parte del Juzgado de instrucción nº 21 de Barcelona, contra la alcaldesa de esa ciudad, la señora Ada Colau, que viene a ser la décima, pone en evidencia la persecución judicial de la que está siendo objeto -las nueve querellas anteriores fueron archivadas-. Se trata de una querella que sería desestimada por la Fiscalía, pero que a pesar de eso este juzgado, la instancias de una entidad desconocida (ATCD) pero que aseguran fuentes bien informadas tiene vínculos con el límite derecho, decidió reabrir. Hay pocas dudas de que estamos delante de un nuevo caso de instrumentalización de los mecanismos judiciales con fines y objetivos políticos como lo de desgastar la imagen de la señora Colau. Como bien subrayan las gentes de Barcelona en Comú "lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes políticos escogidos democráticamente puedan o no decidir sobre las cuestiones que les afectan". 


Finalmente, sobre la persecución de Unidas Podemos hay muy pocas, o ninguna, dudas, tanto analizando lo acoso a nivel particular cómo comparándolo con el tratamiento judicial que, por caso, tiene el Partido Popular (PP) a pesar de los incontables casos de corrupción en los que está envuelto, de que este sector del poder judicial intenta destruirlos. Persecución en la que también participan muchos medios de comunicación y opinión como se puede fácilmente comprobar simplemente mirando las portadas. La reciente investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid contra UP con el gallo, esta vez, de los servicios prestados por los trabajadores de Neurona Consulting en el enésimo intento por parte de sectores del poder judicial de incriminar a UP y manchar su imagen sin reparar en modos y formas. La prueba está tanto en que en este expediente las líneas de investigación están todas archivadas cuanto que desde que se fundó UP van una veintena de querellas judiciales con las correspondientes investigaciones abiertas y TODAS finalizaron siendo archivadas.


En los últimos tiempos en España, como pasa en otras democracias occidentales, se está imponiendo lo que los anglosajones llaman el lawfare o la guerra jurídica que no es otra cosa que la utilización conjunta de mecanismos legales, mediáticos y económicos para neutralizar e incluso eliminar a un rival político. En España la mecánica es la siguiente: la conocida como "maquina del fango" lanza una trola, preferentemente dirigida contra UP, una asociación desconocida, casi siempre ligada bien a Vox bien al PP, presenta una demanda que un órgano judicial acepta inmediatamente para a continuación citar a declarar la persona u organización objeto de la trola. La prensa afín se encarga de divulgar la noticia poniendo en titulares tanto el carácter de la acusación como la persona/organización citada a declarar. Pasa el tiempo, el caso judicial se resuelve favorablemente para la parte acusada, se archiva el expediente pero entonces...los mismos medios bien no informan bien lo hacen en páginas interiores y poco visibles. El daño ya está hecho.


El gran intelectual indio Amartya Sin en su libro de memorias ("Un hogar en el mundo") nos cuenta cómo en su país la justicia con demasiada frecuencia actúa como los peces: el pez grande se come el pez pequeño, he ahí que popularmente le llamen "la justicia de los peces". Lo mismo podemos decir de la justicia en España.

1 Comentarios

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O P$ó€ também tem a sua parte de responsabilidade (que não culpa). Históricamente algo pudiéramos fazer, algum tempo gobernaron, lembro que González Márquez ti o 202 deputados, claro que Em ese tempo a justicia tinha que tapar-lhe os seus trapos súcios e seguem com o políticamente correcto de respetar as senténcias dos togados, não por justas, sim por medo ao poder que tem para pasar por cima do ejecutivo e legislativo

escrito por Carlos GV 27/ene/22    17:03

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