La nueva Ley del Agua de Galicia empieza su tramitación contestada por varios grupos políticos y muchos alcaldes


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La Xunta presentó hoy en el Parlamento la nueva Ley del Ciclo Integral del Agua. Es uno de los textos legales más importantes de esta legislatura y, probablemente, se convertirá en uno de los más polémicos.


Una de las claves es que el nuevo texto facilita que los ayuntamientos cedan, voluntariamente, las competencias a la Xunta para la gestión del agua.Algo que no gusta a muchos líderes locales, incluídos algunas alcaldes del PP que ven invadidas sus competencias.


Otra de las claves es que la norma fija una serie de requisitos mínimos, que los ayuntamientos deben garantizar, en consonancia con las directrices europeas. Algo positivo y necesario pero que los alcaldes temen que, al final, mayores garantías impliquen un mayor coste que les obligue a subir tasas. La conselleira Ethel Vázquez intentó ayer explicar que este encarecimiento no es inevitable y prometió que la Xunta aportará dinero.


Ethel Vu00e1zquez presentado la Ley del Agua en el Parlamento

Ethel Vázquez presentado el texto este martes en el Pazo do Horreo


La conselleira defendió que la Ley ayudará a los ayuntamientos a profesionalizar la gestión del agua. Por ejemplo, controlar los vertidos industriales y ahorrar en el consumo de energía. Ethel Vázquez prometió un plan de formación  para técnicos municipales .


El proyecto de Ley no convence a muchos alcaldes de diversos partidos , incluidos a bastantes del Partido Popular, que gobierna la mayoría del rural. Este es el ámbito más afectado potencialmente por la nueva norma. 

 

Los políticos locales temen que esa profesionalización de la que habla la conselleira redunde en un modelo más centralizado. Es decir, que la Xunta asuma competencias, vaciando la esfera de poder local. La ganadora sería Augas de Galicia, el ente autonómico, y está por ver como afecta a ecosistema de empresas privadas gestoras que hoy operan en el sector.. 

 

Consciente de las suspicacias, la conselleira insistió que la cesión de competencias a Augas de Galicia es voluntaria. "Ayudamos a quien quiera, ayudamos a quien libremente nos pida ayuda en la gestión de estos servicios que queremos profesionalizar", repitió desde la tribuna.




La Xunta ya es la responsable de la depuración en docenas de ayuntamientos, a través de las 28 EDAR que gestiona. El nuevo texto le permite ampliar su presencia en este campo.


Por ley, la gestión del agua es competencia de los ayuntamientos. Sin embargo, la Xunta tiene peso en el sector porque, además de fijar buena parte del marco normativo, financia muchas de las obras. La autonomía gastó más de 1.100 millones en la última década en la modernización de infraestructuras, dijo hoy Vázquez en el Pazo do Hórreo. 


PSOE y Bloque llevan meses criticando el proyecto de ley, por ejemplo, desde la Deputación de Pontevedra, advirtiendo que disparará los recibos y que carece de estudio realista sobre los nuevos costes.  La FEGAMP, que también controla la izquierda,  se ha posicionado en contra. El proyecto lleva años debatiéndose y ha llegado, por fin, esta semana al Parlamento. 


SI LA AXUNTA MÁS COMPETENCIAS, PONDRÁ MÁS DINERO 

 

Vazquez explicó que si, después de una auditoría, se comprueba que se necesitan mejoras en las infraestructuras, un ayuntamiento puede encomendar la gestión a San Caetano. El Gobierno de Galicia pondrá un tercio del dinero para las nuevas obras, asumiendo parte del coste de un servicio público del cual no es titular.


Unas obras que son muy necesarias en muchos ayuntamientos. Las normas europeas, por ejemplo, fijan un límite máximo de pérdidas de caudal, criterio que muchos sistemas muncipales incumplen hoy en día. Tampoco son infrecuentes, por ejemplo, las noticias de que las lluvias, o incluso las mareas altas, acaban inundando las traídas.




LOS ALCALDES NO QUIEREN SUBIR EL RECIBO

Con todo, el quid de la cuestión no es el bolsillo de la Xunta, es el bolsillo de los votantes. Vázquez no dijo que no habría subida de costes, que podría repercutir en subida del recibo del agua.


No puede decirlo, porque hay ayuntamientos que ya aplican los criterios que obliga la nueva norma -y asumen esos sobrecostes con recibos más altos, por ejemplo. Sin embargo, otros muchos, a menudo rurales, no los cumplen, por lo que necesitan acomerter inversiones, y mientras tanto pueden ofrecer a sus vecinos recibos más baratos.


Ante la disyuntiva que se presenta a los alcaldes, la Xunta reitera que "si asume la gestión de un servicio municipal del agua aplicará unas tarifas claras e igualitarias a los ayuntamientos, que serán los que emitan el recibo y decidan los conceptos que incluyen en él".


Es decir, no por ceder la gestión a Augas de Galicia los alcaldes se verán obligados a tener que incrementar lo que pagan sus vecinos y electores. Podrían intentar financiar su parte de las obras de otra manera. Los que tengan tal capacidad, claro.




Está por ver que da de si la tramitación Parlamentaria, aunque por los precedentes citados el PSOE no está por la labora y el BNG reclamó su retirada porque "supondrá un  sablazo  a las familias "en el peor momento".


Por ahora, el PP se quedó solo para sacar adelante la primera votación de admisión a trámite en medio de un duro debate, con la oposición haciendo sangre con la interinidad del Gobierno. El puesto de la conselleira depende, como el de otros muchos, de lo que decida Alfonso Rueda, previsible sucesor de Feijóo y quien tendrá que lidiar con un asunto que se prevé muy polémico.


El primer debate en la cámara ha sido muy ácido en el plano político, con una oposición acusando al PP de negarse a negociar y unos conservadores culpando a PSOE y BNG de enrocarse en el no por sistema.


DEBATE Y ACUSACIONES ENTRE LOS PARTIDOS

En lo argumental, los grupos de la oposición critican una falta de colaboración con los ayuntamientos o lo que supondrá, denuncian, una subida de las tasas vinculadas a la depuración. Luis Bará, diputado del BNG, ha asegurado que no se trata de una simple "reordenación" de conceptos administrativos. El nacionalista dice "no pudo escoger peor momento para dar la puñalada por la espalda" a los ciudadanos, en referencia a la inflación galopante y a la supuesta subida del recibo que puede provovar la ley. Bará insitió que los municipios son capaces de gestionar bien el servicio y puso de ejemplo al Ayuntamiento de Pontevedra, que gobierna su fuerza, como "modelo" a seguir, con una reducción al 3,6 por ciento de las pérdidas de caudal alcanzada por la concesionaria Viaqua; objetivos que, reprochó, la consellería se plantea para 2030.


La diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo acusó a la Xunta de intentar asumir más competencias en el sector pese a que en otros ámbitos donde es responsable, como la depuración de las rías, no presenta un buen balance, en referencia a las multas impuestas por la UE por los atrasos en las depuradoras de Vigo y Ribeira. Diego Calvo (PP) se alineó con la conselleira para defender la transparencia del largo proceso de negociación previo a la llegada del texto a la Cámara.


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