Un pensionista se enfrenta a 15 años de cárcel por introducir inmigrantes ilegales

Vigo acogerá este lunes el juicio contra un pensionista que gestionaba en la práctica una gestoría que supuestamente se dedicaba a facilitar la entrada ilegal de inmigrantes en el espacio Shengen. El acusado se enfrenta a 15 años de prisión, además de a indemnizaciones que van desde los 200 hasta los 9000 euros. 

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado, J.S.P., gestionaba desde 2004 una gestoría ubicada en Vigo dedicada a la venta de seguros, pese a lo cual constaba a efectos fiscales, laborales y oficiales a nombre de dos hijos, de uno hasta el año 2006 y de otro hasta el año 2008. En adelante, figuraba una empleada.

La Fiscalía recuerda en su escrito que la condición de pensionista era incompatible con la de titular de cualquier empresa o negocio. "Pues bien, pese a dicha apariencia, el acusado, gestionaba y decidía todo lo referente a dicha gestoría".

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado "favoreció la entrada de varios inmigrantes senegaleses que se encontraban en situación irregular, simulando ante las autoridades competentes que precisaba de sus servicios laborales".

Para ello, solicitaba en nombre de los ciudadanos, ante el consulado de España en Dakar, un visado por tres meses de residencia y trabajo y, una vez conseguido, viajaba con el ciudadano extranjero a Vigo y presentaba ante la Subdelegación del Gobierno "una falsa oferta de empleo como gestor financiero en su oficina de Vigo, con la que conseguía la autorización de trabajo y residencia por tiempo de un año, dando de alta en la Seguridad Social al presunto trabajador extranjero".

Además, sostiene la Fiscalía, para "evitar que el fraude se descubriera, obligaba a acudir a la oficina unas horas al día, en las que el falso trabajador no realizaba ocupación alguna y mucho menos la de gestor financiero que el acusado hacía plasmar en su oferta de empleo". Una vez que se le otorgaba el permiso de residencia, se le daba de baja en la Seguridad Social, "obligando al extranjero a buscar una nueva oferta de empleo para evitar la pérdida de permiso de residencia y trabajo".

La Fiscalía sostiene que para realizar estos servicios, el acusado cobraba a cada ciudadano extranjero una cantidad entre los 4.500 y 6.000 euros, y les exigía 1.500 de adelanto, "obligando a entregar el resto cuando se encontraban en Vigo", motivo por el que "estos ciudadanos veían seriamente mermados sus derechos, ya que no sólo debían encontrar un nuevo trabajo, sino que además, una vez conseguido, se veían compelidos por amenazas del acusado a abonar la deuda.

En su escrito, afirma que el acusado suscribía estas ofertas de empleo y contratos de trabajo "simulando la intervención de los titulares oficiales de la gestoría e imitando su firma". Ellos "desconocían tales contrataciones", apunta.