La Xunta presenta el recurso que bloquea la constitución del Área Metropolitana de Vigo

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La Xunta de Galicia ha presentado este viernes por vía telemática el recurso contencioso administrativo que anunció hace dos semanas contra la constitución del Área Metropolitana y los acuerdos adoptados posteriormente, incluida la designación de Abel Caballero como presidente del ente supramunicipal.


El recurso pone de manifiesto que la efectiva puesta en funcionamiento del Área está condicionada a que Vigo se integre en el plan metropolitano de transporte de la Xunta, una integración que "no existe", y se alude al hecho de que el Ayuntamiento olívico "está incumpliendo compromisos conveniados y firmados al respecto".


Según subraya, del informe de la Dirección Xeral de Mobilidade al respecto, se deduce que el gobierno de Vigo "no quiere avanzar en la integración" del bus urbano en ese sistema de transporte, y añade que poner en marcha el Área sin cumplir ese requisito "no solo es una transgresión legal", sino que contraviene la esencia misma de lo que significan este tipo de entes supramunicipales.


El letrado de la Xunta pone de relieve que "no deja de llamar la atención" que ese convenio de integración en el plan metropolitano de transporte fue firmado "voluntariamente" por el Ayuntamiento, la concesionaria Vitrasa y la Xunta.


CONSTITUCIÓN DEL ÁREA


Así las cosas, la Xunta insiste en que no podía constituirse el ente porque no se había hecho efectiva la entrada de Vigo en el plan de transporte de la Xunta, y añade que, además, hubo una serie de irregularidades en la sesión celebrada el 1 de diciembre.


Por eso, en el recurso se cuestiona la legalidad de la convocatoria de esa primera asamblea metropolitana y, según ha abundado la Xunta, hubo "incidencias" relativas a las certificaciones de dos concejales metropolitanos y al hecho de que el secretario hubiese decidido "unilateralmente" continuar con la asamblea cuando el presidente de la mesa de edad ya la había suspendido.


También hace referencia, en sus alegaciones, al argumento utilizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, de que debía convocar esa sesión constitutiva sin demora, puesto que se agotaba el plazo legal recogido en la ley del Área Metropolitana: según recuerda, ese plazo ya se recogía en la primera versión de dicha ley, la de 2012, y entonces no se llegó a celebrar la sesión de constitución.


"El plazo para las sesiones constitutivas de los órganos (del Área) será a partir de su cumplimiento, no desobedeciendo un mandato expreso. Es de toda lógica", concluye.


A partir de ahí, en el recurso se cuestionan todas las decisiones adoptadas, como la elección de Caballero como presidente, la designación de interventor, secretario y tesorero, la convocatoria de las reuniones de la Junta de Gobierno del Área, y las medidas aprobadas por este órgano (elección de vicepresidentes, constitución de los grupos, pasos para elegir representantes en diferentes comisiones, etc.).


MEDIDA CAUTELAR PARA FRENAR "PASOS ACELERADÍSIMOS"


El Gobierno gallego solicita, como medida cautelar, que se suspenda la constitución del Área y los acuerdos y pronunciamientos posteriores por ser "grosera, palpable y evidente la infracción normativa".


Además, pone de manifiesto que Caballero pretende, por la vía de los "hechos consumados", avanzar en el desarrollo del ente de manera que, si hay una sentencia adversa, "los pasos dados sean ya tan avanzados que el escenario tenga difícil recuperación". "Ya se están adoptando acuerdos que denotan que vamos a esa situación de imposible o difícil reversibilidad", añade.


En esa línea, ha incidido en los "pasos aceleradísimos" promovidos por el alcalde olívico para avanzar en cuestiones como el plan de trabajo del Área, la puesta en marcha de los comités de cooperación y de coordinación del transporte, o la comisión de ordenación del territorio y urbanismo.


"No acordar la medida cautelar implicaría perjuicios irreparables en el sentido de que los órganos del Área Metropolitana comience a ejercitar sus funciones y poniendo en efectivo funcionamiento este ente local en contradicción expresa de un mandato legal taxativo", concluye.

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