​Una operación contra el fraude masivo en el Plan Pive alcanza a Lugo

La Guardia Civil de Ciudad Real, en el marco de la denominada 'Operación Preveo', ha detenido a 75 personas --tres de ellas en la provincia de Lugo-- e investiga a otras 29 --dos en la provincia luguesa--, como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del Plan Pive. Los agentes tratan ahora de determinar la responsabilidad de otras personas en estos hechos.

Según ha informado el Instituto Armado, las detenciones han sido llevadas a cabo en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015 a raíz de la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), en el que manifestaba que le estaban cobrando el impuesto de circulación por un coche que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos.

Así, la Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de la misma, todo ello sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección en ese establecimiento.

En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva, "sospechando que con todos ellos se habrían realizado actuaciones similares a la denunciada", según han añadido las mismas fuentes.

Fruto del primer análisis de la documentación intervenida, los agentes pudieron constatar que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos, "beneficiándose fraudulentamente del Plan Pive".

Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba con arreglo a las bases de cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con una determinada antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado hasta marzo de 2015, fecha a partir de la cual, con el Plan PIVE-7 se requería que la titularidad fuese mínimo de un año.

DECLARACIÓN

Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a tomar declaración individualizada a los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en la documentación que había sido intervenida en el desguace, los cuales estaban convencidos de que sus vehículos habían sido dados de baja al entregarlos en el mismo.

Asimismo, se cotejó la documentación intervenida con los registros en las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico en las que había sido tramitada, lo que puso all descubierto que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar las transferencias habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. Igualmente, se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida.

BENEFICIO

El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan Pive, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.

En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.

Una vez recopilada la documentación necesaria, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba, donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo usado apenas tres días, durante los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del Plan Pive, solicitándose la baja definitiva del vehículo posteriormente.

DETENIDOS

Entre los detenidos se encuentran 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, a los que se le imputan un delito de estafa. Otras 11 están relacionados con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputan también el mismo delito y en algunos casos de falsificación de documentos y otras 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer el delito de estafa.