324 investigadores de Galicia están afectados por el cambio en los contratos predoctorales

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Un total de 324 investigadores de las tres universidades gallegas han resultado afectados por la modificación por parte del Gobierno central de los códigos en los contratos predoctorales, una decisión que ha suscitado preocupación entre algunas plataformas que representan a este colectivo tanto por producirse sin previo aviso como por las dudas que ha generado en algunos profesionales a la hora de percibir determinadas prestaciones.


La situación se hizo pública hace unos días cuando las organizaciones 'Ciencia Con Futuro' y la 'Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios' denunciaron el cambio en estos códigos "con carácter retroactivo" en los contratos firmados desde el año 2014, y que supone su paso de categoría por obra y servicio a contratos en prácticas.


Estas entidades señalaban, además, que podría haber unos 10.000 afectados en todo el Estado. En Galicia, fuentes de las tres universidades han trasladado a Europa Press que las modificaciones se han producido en 229 contratos en la USC, 40 en la UDC y otros 55 en su homóloga viguesa.


Los colectivos de investigadores estatales han exigido la "inmediata rectificación" de este cambio en las contrataciones además de pedir "explicaciones" al Gobierno central, ante el miedo a la "precarización" y a las posibles consecuencias que pueda tener en el "eslabón más débil del sistema de I+D+i español".


A pesar de estos temores, tanto la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE) como el Gobierno central han llamado a la calma a los profesionales, insistiendo en que se trata de una modificación puramente "administrativa" y sin mayores consecuencias en sus condiciones de trabajo.


PROCESO INICIADO EN 2014


Fuentes del Ministerio de Empleo consultadas por Europa Press han explicado que este tipo de contratos se registraron en su momento en la codificación de obra y servicio, a pesar de mantener las especificidades y particularidades amparadas por la Ley de Ciencia de 2011.


La decisión de modificar esta codificación partió, según aseguran, de una consulta de la propia CRUE en mayo de 2014, en la que planteaban una solución a ciertas "disfunciones" que se estaban produciendo en los contratos predoctorales al adaptarlos a lo establecido en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.


La propia conferencia admitió, en un comunicado, que había realizado esta consulta, aunque no haber solicitado el cambio concreto realizado por el ministerio.


Este proceso se ha completado en septiembre de 2015 y las mismas fuentes han defendido que se trata de una modificación "meramente administrativa" y que no afecta a las condiciones del contrato.


A pesar de ello, se encuentran "analizando el impacto" que pueda tener la medida a la hora de acceder, por ejemplo, a la tarjeta de asistencia sanitaria europea, insistiendo en que si bien cambiaría el proceso de solicitud, al tratarse de una categoría laboral diferente, no afectará a la prestación en sí misma.


CREAR UNA "NUEVA FIGURA"


La CRUE, por su parte, también ha asegurado que este cambio "no supone pérdida de derechos o prestaciones a los contratados en la prestación de desempleo, duración máxima del contrato y posibilidad de disfrutar de un contrato en prácticas con posterioridad", dado el "carácter especial de estos contratos" tras la aprobación de la Ley de Ciencia.


A pesar de ello, consideran que la situación creada "pone de manifiesto, como muchas veces se ha expresado desde las universidades, la necesidad de establecer una regulación laboral específica y desarrollos normativos acordes para las diferentes figuras de personal investigador temporal, ya que cualquier encaje en el actual ordenamiento laboral y clasificación produce disfunciones importantes".


"La solución quizás pasaría por la creación de una nueva figura para dar cumplimiento a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y recoger la especificidad de este tipo de contratos".

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