​Horrach: "Las presiones en investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo"

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El fiscal del 'caso Nóos', Pedro Horrach, ha afirmado este viernes que "las presiones en casos de investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo", abundando así en las palabras del fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, que ha hablado de "intimidaciones".


Además, ha remarcado que, mientras en las grandes ciudades la labor de los fiscales "queda más difuminada", en las comunidades pequeñas, como Baleares o Murcia, esa presión "se intensifica" y "se nota mucho más". "Hay que aprender a convivir con ella", ha añadido.


En entrevistas en la Cadena Ser y en RNE, recogidas por Europa Press, Horrach ha asegurado que él nunca ha temido por su integridad física, pero ha detallado que sí ha recibido "cartas de tipo amenazante", con insultos contra él y contra su familia. Según ha dicho, sí denunció ante la Policía una carta amenazante, mientras que a las que tienen "insultos variopintos" no les hace "ni caso".


Pero además, ha señalado que todos los fiscales de la delegación de Anticorrupción de Palma han sido avisados en más de una ocasión de que posiblemente estaban siendo objeto de seguimientos, y se les han puesto medidas de contravigilancia, aunque ha sido "afortunadamente en momentos ocasionales".


Aunque no sabe quién está detrás de esos seguimientos, imagina que se trata de las personas que están siendo investigadas. En todo caso, ha recalcado que lo importante es comunicar los hechos a las autoridades policiales y judiciales.


En cambio, ha dejado claro que nunca ha recibido presiones de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía: "Ni las he recibido ni las hubiese aceptado". "Sólo faltaría que recibiese llamadas de esas características", ha remachado.


RECURSO A LA SENTENCIA


El fiscal del 'caso Nóos', Pedro Horrach, ha reiterado este viernes que su intención es proponer que se recurra la sentencia del 'caso Nóos' en lo relativo a los hechos de la Comunidad Valenciana, donde la Audiencia de Palma no vio delitos, lo que implicaría una pena mayor para Iñaki Urdangarin y Diego Torres.


En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se ha reafirmado en su intención de proponer a los fiscales del Tribunal Supremo un recurso de casación porque considera que en la Comunidad Valenciana "hay indicios sólidos para poder imputar y ser condenados por delito de malversación de caudales públicos". La Audiencia no lo vio así porque entendió que los precios de los foros organizados en esta comunidad estaban "plenamente justificados".


Según ha explicado, si el Tribunal Supremo aceptase su criterio eso supondría elevar las penas para los principales acusados, porque el delito de malversación conlleva penas de entre cuatro y ocho años de cárcel, dada "notoria entidad de la malversación".


"POR SER QUIEN ES"


Horrach, que siempre arguyó que la Infanta estaba en el banquillo "por ser quien es", no cree que su esposo haya eludido la prisión provisional también "por ser quién es". También en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha insistido en que él puede "estar de acuerdo o no con el auto" de la Audiencia, pero que sí es "razonable y motivado".


A su modo de ver, que se permita a Urdangarin seguir viviendo en Suiza "es excepcional en la medida en que hay pocos casos en que ocurra así, en que el condenado resida en otro país". Así, no cree que la decisión de Urdangarin responda a ningún "privilegio" y tampoco le resulta extraño que el auto hable de "circunstancias notablemente conocidas" porque es "una persona con una posición social y personal muy conocida por las circunstancias que ha atravesado".


URDANGARIN PODRÍA IR AL CONSULADO EN VEZ DE AL JUEZ


Sin embargo, sí ha añadido que no sería "ilógico ni irrazonable" que la obligación de que comparezca una vez al mes ante la autoridad judicial local se traslade más bien a la Embajada o al Consulado español en la ciudad.


Horrach entiende que las medidas contra Torres sean algo más duras --se le ha retirado el pasaporte-- porque su condena es más grave, ocho años y medio frente a seis años y tres meses del ex duque. Él, por su parte, ha explicado que pidió para Urdangarin una fianza --para eludir prisión-- el doble que la de Torres porque la ley establece que hay que tener en cuenta la situación económica de cada uno.


LA ALARMA SOCIAL NO ES MOTIVO DE PRISIÓN


El fiscal ha dejado claro que el daño que el caso ha ocasionado a una institución como es la jefatura de Estado no es algo que esté tipificado como agravante en el Código Penal. Y también ha añadido que, "afortunadamente", hace años que desapareció la alarma social como motivo de prisión preventiva, porque era un criterio "excesivamente ambiguo".


Por último, ha insistido en que todas las decisiones del 'caso Nóos' las ha tomado con total autonomía, sin instrucciones de sus superiores ni del ministro de Justicia. "Me limité a comunicar a la teniente fiscal, Belén Suárez, lo que iba a solicitar, le pareció razonable y así se acaba todo", ha dicho.


De hecho, ha relatado que el anterior fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, se puso en contacto con él para decirle que no estaba "para ocultar nada ni para proteger a nadie".

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