El conflicto tripartito del transporte afronta otra semana de huelga sin visos de solución

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Autobuses

Galicia vivirá dos nuevas jornadas de huelga de autobuses esta semana, el martes 27 y el miércoles 28, en medio de un conflicto que se agravó en los últimos días y con las negociaciones rotas entre la Xunta, por un lado, y los sindicatos y la patronal, por otro.


El seguimiento en los dos primeros días de paro no solo fue masivo, sino que el impacto fue mucho mayor debido al incumplimiento de los servicios mínimos, fijados en un 40% para las líneas regulares y en el 100% para el transporte escolar.


El fin de las clases marcará necesariamente una menor afección en el desarrollo de la huelga estos días, en los que, además, está por ver si tiene la misma efectividad la acción de los piquetes, que fueron denunciados por la Xunta y reprobados también, a través de notas de prensa y a posteriori, por las empresas.


Las centrales rechazan esta "demonización" de los piquetes y aseguran que el "éxito" de la convocatoria se debe a la concienciación de los trabajadores, opuestos a un anteproyecto en el que auguran la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, pese a que la Consellería de Infraestruturas niegue este aspecto.


Hablan, por el contrario, de una huelga "limpia", y el caso es que solo se ha tenido constancia de un autobús de Arriva quemado en Valdoviño (A Coruña) y dos vehículos con ruedas rajadas en la provincia de Ourense (lo denunció Fegatravi, la federación que sí accedió a reunirse con la consellería y que es la menos afectada por el nuevo plan).


LA PINZA: UN RECHAZO COMÚN


Por su parte, Anetra, Fegabús y Transgacar (afectadas en un 90% por la reordenación de unas 500 líneas en la primera fase del plan, que implica principalmente a las provincias de Lugo y la ourensana) continúan con su ofensiva centrada en la pinza con las organizaciones sindicales.


Si bien por un lado los representantes de los trabajadores están enfrentados con los empresarios por el bloqueo de los convenios colectivos, ambas partes coinciden en su rechazo a los planes de la Xunta, y este es el punto que no se cansa de destacar la patronal.


Reclaman volver al punto inicial del viernes 16, cuando Infraestruturas convocó una mesa de negociación a tres bandas para el lunes. Horas antes, modificó el formato y lo convirtió en encuentros dos a dos, lo que provocó el enfado de las dos partes implicadas.


Sin visos de solución, la conselleira Ethel Vázquez, por su parte, insiste en que las citas deben ser bipartitas, puesto que los intereses son "distintos". Y ha lanzado no una sino dos críticas directas al comportamiento de Anetra, Fegabús y Transgacar: primero dijo que los derechos de los trabajadores no pueden usarse como forma de coacción a la Xunta; luego, que estos derechos y el empleo es lo que "más preocupa" a la Xunta, al margen de los fines "empresariales".


Ya el miércoles, después de un primer plantón de sindicatos y patronal --el segundo vendría el jueves de la mano únicamente de las centrales-- y una primera jornada de huelga con incumplimiento masivo de los servicios mínimos, Vázquez anunció, junto al conselleiro de Educación, la apertura de expedientes informativos a las empresas, pendiente de que se conozca si derivan en sanciones.


LA CLAVE: EL TRANSPORTE ESCOLAR


Las confederaciones de padres de alumnos, por su parte, han decidido dar un paso a un lado y descartan movilizarse contra las intenciones de la Xunta, pero sí estarán "vigilantes" para asegurar una correcta convivencia de escolares y adultos en las líneas que prevé integrar el Gobierno gallego en el rural.


Y esta es, en concreto, la clave de la que se deriva el conflicto, ya que los sindicatos temen que la integración de servicios escolares en los regulares implique destrucción de puestos de trabajo y las empresas dan por hecho la pérdida de negocio para compañías de mediano y pequeño tamaño.


Por su parte, la titular de Infraestruturas niega la mayor, y afirma de hecho que lo que se busca de hecho es "blindar" el empleo mediante la subrogación, que es obligatoria por ley, y promete incluso un aumento del mismo a través del incremento del número de cuidadores, de las horas y de los kilómetros de conducción.

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