Santiago arrastra un "déficit" de personal por un "ERE encubierto" del PP

Santiago se quedó sin un 20% de funcionarios.

La concejala de Economía, Hacienda y Administración de Santiago, María Rozas, ha afirmado que el anterior Gobierno local, dirigido por el alcalde popular Agustín Hernández, llevó a cabo un "ERE encubierto" que tuvo como consecuencia el actual "déficit" de personal que se encontró la administración en verano de 2015. Esta situación, según ha asegurado, la están "intentando paliar" con contrataciones y cobertura de jubilaciones.

Rozas ha asegurado que, a la llegada al poder de Compostela Aberta en 2015, se encontraron una "administración pública en desmantelación". Según ha expuesto, el anterior mandato terminó con jubilaciones y bajas médicas no cubiertas, con listas de sustitución obsoletas --de los años 90-- y departamentos con un 40 por ciento menos de personal pero "con la misma carga de trabajo, sino más", una situación ante la cual "no se hizo ningún proceso de selección" de personal.

En total, la concejala ha estimado que, "desde el año 2010", se eliminaron "más de un centenar de plazas, reduciendo la plantilla en un 20 por ciento", lo que ha dejado, a su juicio, una estructura de personal "muy precaria".

Según el Consistorio, se trató de un "ERE encubierto que obliga a externalizar los servicios" y que la actual administración "intenta paliar" con ofertas de empleo.

De acuerdo a sus números, las contrataciones desde su llegada a la Alcaldía ascienden a 62 --sin contar coberturas de bajas médicas, que consideran que se deben cubrir "por defecto"--, que han asentado, principalmente, en los departamentos de política social, de obras, de urbanismo y de servicios económicos.

"LIMITACIONES" DE LA LEY MONTORO

Estas contrataciones, según ha afirmado Rozas, se han llevado a cabo a pesar de las "limitaciones muy grandes" de los ayuntamientos para contratar personal. Esta situación, a su juicio, se debe a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, mejor conocida como 'Ley Montoro'.

De esta forma, 12 de las contrataciones se corresponden a sustituciones por jubilación, mientras que el resto son "contratos programa" contemplados por la misma ley, que incorporan funcionarios interinos por un máximo de tres años. La edil ha resaltado también que "no es un modelo que compartan", porque creen que las administraciones públicas "deben tener la posibilidad de ofertar empleo estable de calidad".

Sin embargo, la edil ha afirmado que "aún existen carencias" debido a estas "limitaciones", especialmente en "departamentos sensibles" como, según ha concretado, el de servicios económicos, la Policía y los servicios de extinción de incendios, pues, según ha denunciado, "la ley no les permite dotarlos con más medios".

De esta forma, Rozas ha adelantado que "están trabajando" en una "oferta de empleo ambiciosa" que contemplarán en los presupuestos del Ayuntamiento de Santiago para 2018.

ROZAS PIDE "MARGEN DE MANIOBRA"

A mayores, la titular ha hecho un llamamiento a que, en los presupuestos del Estado, se "abra la puerta a la contratación" por parte de las administraciones locales, pues la cobertura de las jubilaciones que ya contempla "no es suficiente" para paliar la "falta de personal".

"Se nos pide a las administraciones locales que asumamos más competencias y que demos servicios, pero se nos impide contratar personal", ha criticado Rozas, que, a renglón seguido, ha asegurado que "las dos cosas no son compatibles".

De esta forma, ha pedido que los nuevos presupuestos contemplen un "margen de maniobra" para que los ayuntamientos puedan tomar decisiones "en función de su situación económica", ya que considera "muy difícil explicar a los vecinos que no se puede contratar pero que se tienen ocho millones de euros de superávit".