Galicia, Asturias y Castilla y León se unen por un reparto autonómico más justo

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, Alberto Núñez Feijó, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera respectivamente, han anunciado este lunes desde Oviedo la unión de las tres comunidades autonómicas para solicitar una mejor financiación para sus autonómicas por parte del gobierno central.

El hermanamiento se ha anunciado durante el primer encuentro de los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León en el que han acordado una declaración institucional contra el desafío demográfico, un nuevo modelo de financiación autonómica y a favor de la cooperación entre comunidades para luchar contra los incendios forestales. Así, han pedido al gobierno central un reparto que prime la "igualdad esencial" de todos los españoles, sin atender a criterios como el de dar más peso al número de habitantes, un modelo que defiende el Ejecutivo de Andalucía.

El presidente de Asturias ha defendido un modelo en el que todos los ciudadanos tengan “acceso a un nivel equivalente de servicios públicos, residan donde residan” ya que para él ese es un síntoma de un Estado que garantiza “la lealtad, la equidad y la solidaridad”. Por su parte, Feijóo ha afirmado que en materia de financiación autonómica "no caben condiciones unilaterales" ni negociaciones "bilaterales" de problemas que afectan "a todos". Así, ha considerado que "no es admisible" que los que más se separan del objetivo de estabilidad "sean los que tengan mayor beneficio” y ve necesaria la participación directa de las autonomías en el debate de la financiación.

A las intervenciones de ambos mandatarios se ha sumado el presidente castellano-leonés, que a su juicio el nuevo modelo de reparto debe tener como base el modelo actual, aunque garantizando con él la igualdad de los españoles. En este punto ha reclamado que se precise el coste real de los servicios, y que se tenga en cuenta la "ruralidad" de los territorios asturiano, gallego y castellano-leonés. A su vez, los tres mandatarios han celebrado que la reunión se celebre en un clima de consenso por parte de las tres autonomías, una situación inusual en el panorama político actual.

NO AL MODELO DE CUPOS 

Además de tratar los temas apuntados anteriormente, los tres gobernantes han mostrado su rechazo a la propuesta del lehendakari vasco Iñigo Urkullu que proponía que el ‘Cupo Vasco’ fuese el modelo de financiación de referencia en todas las autonomías. Esta sugerencia de Urkullu ha sido rehusada por parte de los tres mandatarios, ya que a su juicio no se ajusta con todos los modelos autonómicos.

Para el presidente de la Xunta, Urkullu plantea una "visión nacionalista" de España, diferente a la del Estado de las Autonomías. A su juicio, el lehendakari defiende una "financiación de naciones" en la que, "desde el punto de vista real y efectivo", los territorios con más renta registrarían un mayor aumento de la misma, y los de menos renta, tendrían un menor aumento. Esto traería un resultado que no estaría basado en los ciudadanos, "sino en los territorios".

Por su parte, el presidente de Castilla y León reconoce que el concierto vasco es "plenamente constitucional", pero ha recordado que también en la Constitución Española figura la igualdad esencial de los españoles y la "prohibición expresa" de que de las diferencias entre territorios se deriven privilegios económicos y sociales de unas comunidades sobre otras. Según Herrera, aplicar el sistema de cupos tendría como resultado “una España en dos bloques y la brecha entre autonomías".

Finalmente el presidente de Asturias ha señalado que, si bien el sistema fiscal vasco "no se discute" porque es una "singularidad constitucional", este no se puede extrapolar al conjunto de las Comunidades Autónomas. Consciente de la existencia de una "confederación vasco-navarra" que ambas comunidades "quieren extender" al resto del país, ha afirmado que no podría hacerse "en ningún caso" por las diferencias entre territorios existentes. A su vez, todos han apoyado que se reforme el Fondo de Cooperación Interterritorial para que las autonomías aporten un porcentaje real y que la situación actual en Cataluña afecta notablemente a la aprobación de los presupuestos autonómicos.

HACIENDA Y LAS PROPUESTAS DE LAS CC.AA.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado para el próximo jueves 28 de diciembre una reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar las propuestas remitidas por las comunidades autónomas para el nuevo sistema de financiación autonómica y sus alegaciones al informe de los expertos.

Salvo Cataluña, todas las comunidades entregaron en el plazo acordado las propuestas y alegaciones a las realizadas a finales de julio por los comités de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica y la local. En la reunión se debatirá las propuestas realizadas por los gobiernos de Feijóo, Fernández y Herrera, mientras que paralelamente la nueva comisión del Congreso que se encargará de estudiar la modernización del Estado autonómico tiene previsto cerrar su plan de trabajo el próximo 13 de diciembre, tras su constitución el pasado 23 de noviembre.

Las propuestas autonómicas exigen en su mayoría una nivelación total de los presupuestos autonómicos, así como un incremento del porcentaje de cesión del IRPF, situado actualmente en el 50%.

Castilla y León y Galicia piden que el sistema de financiación tenga en cuenta parámetros sociales como el envejecimiento de la población. Desde Valladolid pedirán dos tramos de 75 y 85 años para recalcular el coste de la población mayor de cara a la negociación y entre "otros indicadores relevantes" en servicios sociales, que se tenga en cuenta el número de dependientes y su grado o el tipo de prestaciones que reciben.

Galicia también aboga por una nivelación plena al 100% y que solo haya un fondo principal que integre toda la capacidad tributaria y toda la aportación del Estado, y cuantifica que las revisiones del Fondo de Suficiencia Global (FSG) le han supuesto una pérdida acumulada de 11.000 millones, mientras que Castilla y León exige compensación por lealtad y que no se elimine el 'statu quo' si no se pasa a un coste standard. Asturias por su parte considera que debe avanzarse hacia cálculos de coste standard, para lo que debe crearse un grupo de trabajo. También apoya la nivelación total y se opone a primar el llamado ‘principio de ordinalidad’.