Dueños de pisos turísticos dicen que anunciarlos sin registro no prueba nada, es como conducir sin pegatina de ITV

Aviturga responde a la presión de Moncloa a la Xunta para que abra expediente a los que se anuncian en Airbnb y similares sin mostrar el obligatorio número de registro. Sin embargo, por lo visto ayer en las Xornada Turismo en Galicia, un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), ni la Administración ni los empresarios están por la labor de meterle mano a las Vivendas de Uso Turístico (VUT).


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El responsable de Turgalicia en las jornadas celebradas ayer sobre turismo en Santiago en una foto de la Xunta
El responsable de Turgalicia en las jornadas celebradas ayer sobre turismo en Santiago en una foto de la Xunta

 

La presión de la vivienda turística en Galicia sobre el alquiler alcanza un nuevo punto de tensión tras la reciente advertencia del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. El Ejecutivo central ha solicitado a la Xunta la apertura de expedientes sancionadores después de detectar cerca de 10.000 pisos turísticos que se anuncian en plataformas como Airbnb o Booking sin mostrar el número de registro autonómico, una infracción que, según el Ministerio, vulnera la normativa vigente y agrava el acceso a la vivienda en la comunidad.

 

El informe remitido por el Ministerio a la Xunta revela que el 61% de los alojamientos turísticos gallegos anunciados en internet carecen de la licencia preceptiva. De las 15.740 viviendas de uso turístico (VUT) localizadas en plataformas digitales, 9.647 no presentan el código de registro obligatorio. La reacción de Moncloa ha sido contundente: exige la retirada de anuncios irregulares, el cese de la actividad ilegal y la apertura de expedientes a los propietarios que incumplen la ley. Son medidas que debería aplicar la Xunta de Galicia, competente en esta materia.

 

Tensión entre administraciones y propietarios

La regulación de las viviendas turísticas es un terreno de competencias compartidas y, en ocasiones, conflictivas. Mientras el Gobierno central supervisa el cumplimiento de la normativa y marca directrices generales, corresponde a la Xunta la gestión del registro y la concesión de licencias, y a los ayuntamientos la potestad de establecer restricciones adicionales en función de las necesidades locales. Esta distribución de responsabilidades está generando cada vez más fricciones políticas. Por lo visto ayer en una jornada sobre turismo, la Xunta no está por la labor de apretarle las tuercas a los que alquilan pisos turísticos saltándose las normas. Además, la patronal ha contraatacado ante la ofensiva del Ministerio de Consumo.

 

 

 

Así, dese el sector de los propietarios, la reacción ha sido inmediata. Dulcinea Aguín, presidenta de la asociación Aviturga, defiende que la ausencia del número de registro en los anuncios no implica necesariamente ilegalidad, equiparando la situación a la de un vehículo que ha pasado la ITV pero no exhibe la pegatina correspondiente. Aguín cuestiona la fiabilidad de los datos del Ministerio y denuncia que se está demonizando a los propietarios de VUT, a quienes responsabiliza de forma injusta del problema de acceso a la vivienda.

“O único argumento de que son illegais é porque estiveron vendo nas plataformas e que non teñen un código de rexistro; para nós, primeiro, non nos coinciden eses datos son pouco rigurosos, isto é como si nós temos un coche que pasou a ITV e no espello non temos a pegatina, ¿É un coche que non ten ITV? Si, ten ITV. Outra cousa moi distinta é pois que na plataforma poña o código de rexistro”, argumenta en declaraciones recogidas por RNE.

 

Por su parte, la administración interpelada no se moja. La conselleira de Vivienda, María Martínez Allegua, se ha limitado a señalar que la Xunta actuará una vez reciba la documentación completa del Ministerio, manteniendo así la cautela ante la presión estatal. Un discurso más reactivo con los críticos ante la avalancha de turismo ha mostrado el responsable de Turgalicia. El director de Turismo, Xosé Merelles, ha destacado la importancia del turismo como motor económico y ha reclamado un debate sereno sobre el impacto y los beneficios del sector. 

 

 

 

Su respuesta ante la “turismofobia” es apostar por redirigir la presión turística. Según datos difundidos ayer, el Gobierno gallego prevé invertir 146 millones de euros en la modernización y sostenibilidad del turismo en 2025, apostando por la diversificación de la oferta y la desconcentración de la actividad para repartir sus beneficios en toda la autonomía. "Desde Turismo de Galicia entendemos o noso traballo a favor dunha oferta diferenciada sempre desde unha óptica sostible e de respecto, tanto dos nosos recursos como da poboación local”, incidió Merelles.

 

El auge de los pisos turísticos está provocando un intenso debate social en Galicia, donde cada vez más voces reclaman medidas para frenar la turistificación y su impacto en los precios de la vivienda. Este fin de semana, un millar de personas se manifestaron en Cangas convocadas por la Plataforma de Afectadas polo Turismo do Morrazo, denunciando la desaparición de la vivienda habitual, el encarecimiento del alquiler y la degradación del territorio. 

 

En Cangas es virtualmente imposible conseguir un alquiler durante todo el año. Solo hay pisos con contratos que excluyen los meses de verano. En esos periodos los inmuebles se alquilan a precios elevados a los turistas.

La crisis no solo afecta a pequeñas villas costeras. En ciudades como Vigo, el número de VUT ha crecido un 113% desde 2020, situando a la ciudad como la urbe española con mayor incremento de este tipo de alojamientos. En barrios como el Casco Vello, la concentración de viviendas turísticas supera el 25% del total, y el precio del alquiler se ha encarecido un 7,5% en el último año, por encima de la media municipal.  

 

 

 

Nuevo impuesto en Compostela

En este contexto, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela dará el viernes luz verde a la implantación de una tasa turística que se aplicará a las estancias en hoteles y otros alojamientos de la ciudad. La medida, que será debatida en el pleno municipal el 16 de mayo, prevé tarifas de entre 1 y 2,5 euros por noche, con un máximo de cinco noches, y busca equiparar a la capital gallega con otros destinos europeos.

 

La patronal del sector turístico gallego, sin embargo, rechaza la existencia de una masificación y se opone a medidas que, a su juicio, penalizan la actividad económica.

 

Cheché Real, presidente de la Confederación Gallega de Empresarios de Hostelería y Turismo de Galicia, alega que “para nada hay masificación”. “La ocupación en el Morrazo no llega actualmente al 15% , tenemos un problema de base, el empresario cuando monta un negocio es para rentabilizarlo”, dijo Ceséreo Pardal, del Cluster de Turismo.

 

 


 

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